El partido Más Granada ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, con sede en Granada, para que abra una investigación a la Junta de Andalucía, en concreto a la Consejería de Salud y al SAS, y esclarezca si se están contratando médicos sin la especialidad reconocida, lo que sería un delito.

Según el escrito, presentado ayer y al que ha tenido acceso este periódico, se interpone denuncia por la presunta comisión de los delitos de prevaricación en grado de autoría y malversación de caudales públicos en grado de tentativa. Además del de intrusismo, que llevaría a cabo el profesional sin homologar. Los denunciados son la Consejería de Salud; el Servicio Andaluz de Salud (SAS); la consejera de Salud, Marina Álvarez; la gerente del SAS, Francisca Antón y la directora general de Profesionales del SAS, Celia Gómez.

Los hechos por los que presentan la denuncia se enmarcan en la publicación en ABC de Sevilla del pasado 27 de enero en la que se aseguraba que "hasta 60 médicos trabajan en Andalucía sin tener su título de la especialidad homologado", siendo "médicos extracomunitarios que están tramitando su homologación pero que trabajan en el sistema público de salud ante la escasez de profesionales".

El caso que se denuncia es un anestesista en el hospital de Úbeda. Desde Más Granada, su vicepresidente, Pablo Fernández, asegura que no hay constancia de que en la provincia haya algún caso similar, pero que se "insta a la Fiscalía a que abra la investigación" para ver si Granada es una de las provincias afectadas y si procede la denuncia. Sobre la existencia de médicos con contratos sin homologar el Consejo Andaluz de colegios de médicos también habría exigido información.

Por su parte, la consejera Marina Álvarez ya apuntó este mes en la sesión parlamentaria de control al Gobierno que la contratación de médicos especialistas extracomunitarios es "legal", siempre que se realice de forma excepcional y sea necesario para garantizar la asistencia sanitaria.

Según Fernández, la Administración sanitaria es culpable por facilitar que se produzca un delito de intrusismo profesional, por lo que caería en prevaricación administrativa y malversación. "La responsable civil solidaria y subsidiaria sería la Administración", aseguran desde Más Granada.

En la denuncia indican que los responsables de la administración sanitaria "participan activamente como colaboradores necesarios en la presunta comisión del delito de intrusismo, dado que son los mismos los que establecen las directrices ejecutivas para la dotación de este personal".