Granada revisará los sistemas de evacuación de todos los locales de fiestas

El luctuoso caso del Madrid Arena, en el que murieron cinco jóvenes, ha despertado la sensibilidad y el recelo de todas las administraciones públicas. Aunque las inspecciones a los locales en los que se concentran grandes masas de gente están a la orden del día, el Ayuntamiento de Granada aprobó ayer una moción de UpyD para revisar los sistemas de seguridad y evacuación de todos los establecimientos públicos y privados que se dediquen a la organización y celebración de fiestas en los que haya una gran asistencia. La moción se aprueba dos días antes de las fiestas de fin de año, aunque en Granada sólo se celebrará un gran cotillón en el Palacio de Congresos.

Los servicios de urbanismo y medioambiente han realizado este año 250 inspecciones y la Junta de Andalucía otras 700 para garantizar que toda la documentación y los permisos necesarios, así como los seguros pertinentes, están en regla.

Además, se adoptarán todas las medidas de seguridad oportunas contratando a los agentes de seguridad que sean necesarios en las celebraciones, fiestas, espectáculos y eventos de ocio y deportivos que se celebren en Granada, especialmente en las fiestas de fin de año. "Vamos a votar a favor de la moción pero echamos en falta que se modifique la capacidad sancionadora del Ayuntamiento para que no renueve licencias en aquellos establecimientos que tengan incumplimientos graves", apuntó el portavoz de IU, Francisco Puentedura durante el pleno de ayer. "Por la proximidad de la celebración de multitud de fiestas de fin de año, entre ellas la que este Ayuntamiento celebra habitualmente en la plaza del Carmen, cremos que sería oportuno revisar el estado de seguridad de locales y empresas que organizan este tipo de fiestas", apuntó la concejal de UpyD, Maite Olalla.

Dicho y hecho, y como "regalo de Reyes", el equipo de gobierno aprobó la moción. Fue la única que consiguió el consenso de toda la corporación, junto al plan de acción de energía sostenible, documento que controlará la emisión de CO2 de cara a 2020. El documento tendrá que tener el visto bueno de Bruselas pero, en cualquier caso, será el modelo medioambiental a seguir por el Ayuntamiento. De momento sólo hay 5.000 municipios de toda Europa que se hayan sumado voluntariamente a esta iniciativa.

La resolución de alegaciones para poner en marcha la ordenanza reguladora de la tele municipal, TG7, fue uno de los puntos que más debate generó. Los grupos de la oposición creen que este servicio (que le cuesta anualmente al Ayuntamiento un millón de euros) no es básico, sobre todo teniendo en cuenta que para mantenerlo se ha quitado la teleasistencia, el servicio de empleo o el dinero para la cooperación internacional.