Uno de cada diez trabajadores de la sanidad pública granadina ha sufrido alguna agresión física o verbal durante su desempeño profesional, la cifra más baja de la comunidad autónoma pese a que sin embargo ha supuesto un aumento significativo en la última década. De acuerdo a un informe de Comisiones Obreras, desde 2012 las agresiones a sanitarios han subido un 102% en la provincia, pasando de las 68 de 2012 a las 138 de 2022, un aumento significativo que contrasta con otras provincias como Málaga, donde han subido un 30,7%, pese a que en la actualidad registran 268 agresiones.  

A nivel general, el sindicato contabiliza un total de 14.493 trabajadores en la sanidad granadina, los cuales sufrieron desde 2007 (primer año desde que se tienen registros) 1.316 agresiones, lo que arroja una ratio de 9%, una cifra muy por debajo de la media andaluza (16,1%), pues según el informe de Comisiones hay 102.190 trabajadores en la sanidad pública andaluza, los cuales sufrieron 16.509 agresiones, lo que supone una ratio del 16,1%, por lo que Granada se encontraría por debajo de la media andaluza. 

Eso sí, incluso desde la central sindical se advierte que el porcentaje puede ser aún mayor porque las estadísticas sólo pueden contabilizar aquellos incidentes que han sido registrados. De modo que lo que no se denuncia, no existe en el Registro Informatizado de Agresiones (RIAC). Por ello, sindicatos y colegios profesionales siempre recalcan que las estadísticas sólo son la punta del iceberg.

El informe también desgrana los datos por el tipo de agresión, separando entre las físicas y las no físicas. Así, desde 2012, en la provincia se han registrado un total de 257 agresiones físicas a los profesionales sanitarios, lo que supone un 10,3% del total andaluz (2.480), y la sitúa como una de las provincias con menos incidentes violentos a estos profesionales, por detrás de Málaga, que lidera el ranking con 649 agresiones físicas, Sevilla (513) y Cádiz (288). Por la otra parte, Córdoba (247), Huelva (245), Almería (210) y Jaén (142) se encuentran del otro lado. 

Por su parte, las agresiones no físicas, principalmente verbales, en la última década CCOO ha contabilizado un total de 732 casos, lo que supone un 92% de aumento desde 2012 y supone el 7,6% del total andaluz para el mismo periodo (9.588). En esta caso, Granada es la segunda provincia con menos agresiones, solo por delante de Almería, que acumula 493 de estos casos desde 2012 y, al mismo tiempo, por detrás de Jaén (872).

Independientemente de agresiones físicas o verbales o de la provincia, el efecto del Covid-19 también se deja notar en las cifras, dado el confinamiento que se impuso y, por tanto, la menor presencia de usuarios en los centros sanitarios. Así, a nivel andaluz, en 2020 se registraron 176 agresiones físicas por las 289 del año anterior y las 230 del siguiente; mientras que en las verbales en 2020 fueron 866 por las 1.218 de un año antes y 978 de 2021. En el caso de la provincia, el año previo al estallido de la pandemia, el informe de Comisiones Obreras contabilizó 24 agresiones físicas a los profesionales sanitarios, mientras que un año después cayó hasta los nueve y repuntó hasta 29 en 2021, mientras que en el caso de las no físicas se pasó de 90 a 70 para luego pasar a 95. 

Estos datos concuerdan con los ofrecidos por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía a principios de este año. Así, según las cifras de la cartera que ocupa Catalina García, en solo tres años el número de agresiones, tanto físicas como verbales, sufridas por los sanitarios de la provincia se ha incrementado un 74,68%. Es decir, se ha pasado de 79 agresiones registradas en todo el año 2019 a las 138 con las que se cerró 2022, unos datos que difieren con los recogidos por CCOO, pero que igualmente dejan constancia de ese aumento. 

Un cambio tras los datos "aplastantes"

Los datos de Comisiones Obreras no hacen más que mostrar, blanco sobre negro, una situación de sobra conocida y denunciada ya hace tiempo por varios sindicatos. Así, el representante de Sanidad de CCOO, Juan Carlos Navas, aboga por revisar el Plan de Agresiones e indica que se ha presentado un escrito a Servicios Centrales del SAS para que convoque a la Mesa de Prevención de Riesgos Laborales para abordar esta problemática. Confía en que el encuentro tenga lugar pronto, a la vuelta de las vacaciones. Ante los datos “aplastantes”, urge a un cambio del Código Penal para un endurecimiento de las penas así como un régimen administrativo sancionador con “multas proporcionadas al daño causado”.  Desde CCOO se sostiene que estas últimas penas tendrían un “interesante efecto disuasorio”. También se reclama la cobertura del 100% de la plantilla y vigilantes de seguridad en los centros.

Una situación en la que coincide con el sindicato de Enfermería (SATSE), ha reclamado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) una revisión de las medidas contra las agresiones a los profesionales sanitarios ante el aumento de la conflictividad detectado en los centros durante los meses de verano, debido a que los usuarios descontentos con la asistencia responsabilizan a los profesionales de las carencias que sufren en la atención.

En un comunicado, el SATSE señala al aumento de la presión asistencial, tanto en Primaria como en los centros hospitalarios, como una de las principales causas que provocan un incremento de las situaciones de tensión, siendo las enfermeras y enfermeros los principales perjudicados al ser el primer profesional con quien se encuentra el usuario.

Ante esta situación, el sindicato ha apelado "para que se mantenga, en todo momento, una relación de respeto y confianza entre profesionales, pacientes y familiares". De igual forma, recuerda que los problemas y carencias que pueden llegar a sufrir pacientes y familiares no son responsabilidad del profesional, que en muchas ocasiones es la primera víctima de las deficiencias y que hace todo lo posible para que no se vea afectada la calidad de la atención sanitaria, y que existen otras formas de mostrar su descontento con la asistencia.