Todos los ojos (y las esperanzas) están puestos en nombres tan sugerentes como Moderna, Pfizer, Astra Zeneca... La vacuna supondrá un nuevo capítulo en esta pandemia, que desde el mes de marzo ha provocado una profunda crisis sanitaria, social y económica en la provincia. Los sucesivos anuncios de logros relacionados con la inoculación de este remedio han abierto la espita sobre si se debe obligar a vacunar. Desde el Gobierno ya se ha aclarado que la inyección con el fármaco no será obligatoria, pero la cuestión tiene un antecedente granadino que merece la pena recodar.

En noviembre de 2010 la Consejería de Salud activó el protocolo de actuación tras detectarse un brote de sarampión en Granada. En aquel momento era consejera del ramo María Jesús Montero, hoy ministra de Hacienda. Fue ella misma la que explicó que desde el Distrito Sanitario se habían enviado cartas informativas a las familias de un grupo de menores del colegio Gómez Moreno en el que se les instaba a vacunar a sus hijos. Desde Salud también se advirtió que quien no quisiera inmunizarse debía quedarse en casa.

El sarampión no suele ser una enfermedad grave, aunque en determinados casos puede conllevar complicaciones y hacer necesaria la hospitalización de la persona contagiada. Habitualmente los efectos son más agresivos en la población de más edad, y cursa de forma leve entre los niños.

El brote detectado en la capital creció de forma exponencial en cuestión de días. El 10 de noviembre se informó de 23 casos. Ante la escalada de casos, la Junta anunció que tomaría medidas más contundentes para evitar la propagación de la enfermedad. Entre esas medidas, estaba la vacunación forzosa mediante resolución judicial. Para ello se pediría el amparo de un juez, ya que la vacunación del sarampión no es obligatoria.

Primó entonces la decisión de atajar el brote y poner fin a un problema de salud pública. El 25 de noviembre el titular del juzgado de lo Contencioso número 5 de Granada autorizó inmunizar al grupo de escolares que no había recibido la dosis vacunal. 46 personas ya se habían contagiado.

Las medidas judiciales fueron a la par que las comunicaciones de Salud a las familias. Hace diez años no se había extendido el uso de aplicaciones móviles y la Consejería remitió tres cartas y un burofax a 79 padres. Del total de progenitores a los que se instó a ponerse al día con el calendario vacunal, 22 contestaron de forma afirmativa al requerimiento, cinco dijeron que no y del resto no hubo respuesta.

Unos días después, con 90 personas contagiadas, se determinó la vacunación forzosa de 35 menores. Además, Salud decidió adelantar la primera dosis de ese fármaco de los 15 a los 12 meses de vida.

De los 35 menores a los que se obligó a ponerse la inyección, una veintena fueron voluntariamente en el plazo de cuatro días dado por el juez, o bien demostraron que habían pasado la enfermedad (y estaban inmunizados ante ella) o que se habían vacunado pero no lo habían comunicado. Para el resto niños, se procedió a visitar a las familias con la Policía, con el requerimiento judicial en la mano.

“El día 1 de diciembre no habíamos contactado con 12 niños de los 35 para los que el juez ordenó la vacunación forzosa o la presentación de documentación. En estos días hemos comprobado que de esos 12, dos tienen el domicilio desconocido y a los otros diez hemos ido a sus casas para presentarles directamente el requerimiento policial. De esos diez, en siete casos el domicilio estaba vacío y no habitaba nadie, dos se negaron a la vacunación y uno –que era extranjero y dijo no haberse enterado de la polémica– demostró que estaba ya vacunado”, indicó entonces la delegada de Salud, Elvira Ramón. Tras valorar que la cobertura de la vacuna en el Gómez Moreno alcanzó ya el 96% del alumnado, se procedió a cerrar el proceso.