La presunta trama de "corrupción funcionarial", tal y como la definieron fuentes de la Guardia Civil, desmantelada esta semana en la provincia de Granada estaba más que asentada. Aunque la Dirección General del Catastro de que en la Delegación Territorial de Granada comenzó a sospechar que se estaban cometiendo irregularidades hace menos de un año, los hechos que ahora se investigan en el marco de la Operación Isolda podrían venir de atrás. Según confirmó ayer el subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, "sin llegar a ser vox populi", "en el ámbito profesional" relacionado con el registro de propiedades "había más que sospechas de que algo raro ocurría". Además, el subdelegado confirmó que la trama "llevaba tiempo" y que se habían registrado "denuncias de personas" sin conexión entre sí y que presuntamente habrían sido perjudicadas por el cambio fraudulento de la titularidad de fincas.

En cuanto a la marcha de las investigaciones, Santiago Pérez dio por concluida la operación tras las tres detenciones del martes y miércoles y las cinco imputaciones, aunque fuentes de la investigación aseguran que en estos momentos se está analizando la documentación localizada en los distintos registros efectuados por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y funcionarios del Juzgado de Instrucción número 1 de Granada, por lo que en próximas fechas podría haber novedades.

Por ahora, hay tres detenidos, que ayer prestaron fueron puestas a disposición judicial. Los arrestados son un jefe de servicio de la Gerencia Territorial del Catastro en Granada -que según Santiago Pérez era quien "coordinaba todo este proceso"-, un arquitecto y un trabajador de la notaría del Albuñol por, presuntamente, ser autoras de diversos delitos relacionados con la modificación fraudulenta del Catastro.

Especialistas en delincuencia urbanística de unidades centrales de la Guardia Civil, registraron el pasado martes dependencias del Catastro de Granada, un despacho de arquitectura, varios despachos de una notaría el Albuñol y un domicilio particular.

A los tres detenidos se les imputa, entre otros, varios delitos de falsificación de documento público, tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho y estafa. Además, hay otras cinco personas imputadas por su supuesta vinculación con estos hechos.

Según explicó la Guardia Civil a través de una nota, la trama modificaba temporalmente las bases de datos del catastro con el fin de obtener certificaciones catastrales falsas a favor de particulares. De este modo, daban cobertura legal a posteriores alteraciones en la titularidad de las fincas, modificando los registros públicos, para que esas fincas pasaran a propiedad de terceras personas a cambio de compensaciones económicas.

Según explicó ayer el subdelegado, se trataba de fincas "que no tenían dueño claro" cuya titularidad se había modificado sin que "se hubieran percatado" del cambio sus legítimos titulares.

Por el momento se desconoce el número de personas perjudicadas o el número de fincas que habrían cambiado de titularidad de forma fraudulenta por medio de esta trama, así como qué beneficios obtendrían con la modificación.