Hacían creer, gracias a la documentación que obtenían del Registro de la Propiedad de forma fraudulenta, que eran propietarios de fincas. Para ello, presuntamente, conseguían gracias a la intervención de un funcionario modificar las bases de datos de la Gerencia Territorial del Catastro en Granada, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Una vez hechos los cambios de titularidad en dicha base de datos, los interesados obtenían certificados catastrales falsos con los que se presentaban en el Registro y conseguían registrar como propias fincas o propiedades que no lo eran. La trama ha sido destapada en la  bautizada como Operación Isolda, dentro de la que ayer agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Dirección General de la Guardia Civil procedieron al registro de un domicilio particular, un estudio de arquitectura y las oficinas del Catastro en la calle Mesones de la capital granadina. Además, se detuvo a dos personas, una de ellas jefe de servicio de la Delegación Territorial del Catastro en Granada y la otra arquitecto, por los presuntos delitos de falsificación de documento público, tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Además, hay otras cinco personas imputadas por su posible vinculación con la trama de corrupción funcionarial.

En las oficinas del Catastro de la capital el registro se prolongó desde las nueve de la mañana hasta las seis menos cuarto de la tarde, cuando los agentes de la UCO salieron de la sede de calle Mesones con varias cajas con documentación por la puerta lateral, mientras que por la principal -y en medio de un pequeño revuelo entre quienes paseaban por la calle, una de las más comerciales de la capital- salía el jefe de servicio detenido acompañado por varios funcionarios del juzgado. 

La investigación, que ha sido llevada a cabo por el juzgado de Instrucción número 1 de Granada, sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones, que podrían producirse hoy mismo gracias a la documentación que los agentes y el propio juzgado pudieron consultar ayer.

Según ha podido saber este diario, la trama cambiaba de forma fraudulenta -y gracias, presuntamente, a la colaboración del funcionario detenido ayer- la propiedad de terrenos de titularidad pública o bien que estuvieran en situación de abandono, pero en los que, según apuntan los indicios, los interesados veían posibilidades de lucrarse o de obtener algún tipo de beneficio gracias a los planes generales de ordenación urbana del municipio o municipios en los que se encontraban dichas propiedades.

Fuentes de Hacienda señalaron que tuvieron constancia de la existencia de supuestas irregularidades hace varios meses. Estas sospechas fueron puestas en conocimiento del Ministerio Fiscal. Las diligencias comenzaron después de que se presentara una querella y se desarrollaron con carácter secreto, según las mismas fuentes, durante todo este tiempo. Por su parte, fuentes de la Benemérita señalaron que las pesquisas de la UCO y del juzgado se han llevado a cabo durante este tiempo con la colaboración de la Dirección General del Catastro.

Por el momento, se desconocen cuántos o dónde se ubican las inmuebles o fincas que pudieron cambiar de titularidad de forma ilegal, ni cuándo comenzaron las irregularidades, pero sí se presume que la finalidad del entramado descubierto ayer era beneficiarse de la supuesta modificación en el Registro de la Propiedad gracias a los planes generales de ordenación urbana. Por otro lado, Guardia Civil sí ha confirmado que la operación se circunscribe únicamente a la provincia de Granada, por lo que se descartan ramificaciones en otras provincias.

Tampoco ha trascendido cómo la red de corrupción pagó los favores del funcionario del Catastro ahora detenido. Sí parece claro, según fuentes de Hacienda, que en este caso -como en otros similares- la trama se benefició de las irregularidades cometidas por un empleado público, de las que sacan partido varios particulares.

Sí se sabe que las pesquisas han durado meses, ya que los primeros indicios de presuntas irregularidades en Granada se remontan a hace aproximadamente un año. Antes de que la operación saliera a la luz pública en el día de ayer, las indagaciones se realizaron de forma secreta. Según ha sabido este diario, hace dos meses se hizo un seguimiento de los ahora detenidos para recabar pruebas.

Las detenciones e imputaciones de ayer no suponen el fin de la operación. De hecho, los agentes de la UCO de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid siguen trabajando con la documentación obtenida ayer en los tres registros, por lo que es posible que hoy mismo se produzcan nuevos arrestos en el marco de la Operación Isolda.

Las irregularidades detectadas, según fuentes de Hacienda, estaban relacionadas con la tramitación de expedientes, y la alarma saltó cuando se percataron de que había certificados que no coincidían en el Registro de la Propiedad.