De Haro Rossi declara hoy por el caso de supuesto acoso laboral en la Policía Local

El juez de Instrucción número 2 de Granada ha citado a declarar hoy al jefe superior de la Policía Nacional de Andalucía Oriental, Luis de Haro Rossi, por la denuncia que interpuso en Fiscalía junto a los anteriores mandos de la Policía Local de Granada contra la actual cúpula por supuesto acoso laboral, que derivó en una denuncia del fiscal a los actuales jefes.

Fuentes del caso confirmaron que también tendrá que comparecer José Antonio Moreno, intendente de la Policía Local, mientras que el antiguo inspector de la Policía Local y portavoz, Jacinto Sánchez, y el intendente del mismo cuerpo, Manuel Donaire, tendrán que hacerlo a finales de mes, tras aplazarse la citación inicial que era para el 28 de abril.

Todos ellos, anteriores responsables de la Policía Local de Granada durante el gobierno municipal de mayoría socialista, denunciaron el relevo o cese "fulminante" de sus cargos por el gobierno del popular José Torres Hurtado a su llegada al Consistorio en el anterior mandato.

Los denunciados -el que fuera jefe de la Policía Local, Antonio Bezares, recientemente fallecido; Luis Viciana, que asumió el cargo de éste tras su muerte, y el intendente mayor Mariano Valbuena- negaron en sus declaraciones ante el juez en noviembre y diciembre del pasado año haber acosado, ninguneado o perjudicado a los anteriores mandos.

Los acontecimientos objeto de denuncia constituyen "conductas de hostigamiento" que persiguen crear en sus destinatarios "situaciones que contempla la norma penal", según el decreto del fiscal, pese a que no regula el Código Penal de forma autónoma el acoso laboral o mobbing, que se entiende como una forma de trato degradante contemplada en el artículo 173.1 de Código Penal.

La numerosa apertura de expedientes de investigación y disciplinarios, con incidencias en su forma de tramitación y resolución y la "marginación" a la que han estado sometidos en las sucesivas reorganizaciones policiales los denunciantes, en situaciones de "descrédito" incluso ante sus subordinados, configuran, según el decreto, "objetivamente" una situación de acoso.

Entiende el Ministerio Público que las conductas denunciadas suponen una "grave injerencia" en el ámbito de la integridad moral, de la que, aun cuando no lo exija la norma penal, es buena prueba los padecimientos psicológicos que sufren algunas de las presuntas víctimas.

El decreto del fiscal, por su parte, excluye tanto al alcalde de Granada como al anterior responsable de la Policía Local, José Antonio Balderas.