IU denuncia al fiscal la oscura gestión de suelo municipal en Jun

Izquierda Unida ha pedido a la Fiscalía que investigue el sospechoso itinerario seguido por cuatro fincas destinadas a viviendas de protección oficial, pertenecientes a Projunsa, la empresa municipal de suelo de Jun, y la responsabilidad en la que pudo incurrir el actual alcalde socialista, José Antonio Rodríguez Salas, director gerente de Projunsa desde 1997. Las parcelas, que suman más de 10.000 metros cuadrados, fueron cedidas entre 1999 y 2001 gratuitamente por el Ayuntamiento de Jun a su empresa de suelo para favorecer a "las clases más humildes". Sin embargo, fueron empleadas en 2002 para liquidar una deuda con Construcciones Vera. Las fincas, convertidas en eriales, pertenecen desde el pasado mes de abril a Cajamar.

La denuncia también plantea irregularidades contables o de falta de transparencia en las cuentas de Projunsa que, desde 2009, está en proceso de liquidación.

Las cuatro fincas forman parte del plan parcial Aben Humeya y Valle Bartodano. Las dos mayores, con 3.030 metros cuadrados de superficie, fueron valoradas en el momento de su cesión gratuita a Projunsa en 168.994 euros cada una; la de 1.800 metros en 100.393 euros, y la de 1.758 metros en 98.061 euros. En total, 10.119 metros por un valor total de unos 536.000 euros.

Los anuncios de prensa prometían parcelas con "mínima entrada", "subvenciones municipales" y con el 7% del valor de la parcela a fondo perdido. "Adquiera su vivienda unifamiliar en Jun con tan sólo el dinero que paga anualmente de alquiler", decían los carteles. Una oferta tentadora que nunca llegó a cuajar.

En agosto de 2002 el entonces alcalde de Jun, Antonio Rodríguez, ya fallecido y padre del alcalde actual, cedió las parcelas en nombre de Projunsa a Construcciones Vera, una promotora que aparece en numerosas ocasiones como beneficiaria de las actividades más o menos oscuras del urbanismo de Jun, como pago de una deuda.

Las parcelas fueron valoradas en conjunto la escritura en 583.545 euros, aunque no consta ningún informe de tasación oficial. Para Izquierda Unida ya es sospechoso que los precios de cesión a Projunsa y el de la "dación" a Construcciones Vera fuera prácticamente iguales. El coste del metro cuadrado era ligeramente superior a los 60 euros, muy por debajo de su valor de mercado.

Por circunstancias no aclaradas, las parcelas, que inicialmente fueron destinadas a fines tan filantrópicos como favorecer a las clases con menos poder adquisitivo, son ahora de titularidad de Cajamar de Almería. La escritura de propiedad fue otorgada el pasado mes de abril. El sueño de la protección oficial convertido en cuatro baldíos.

Pero los movimientos sospechosos del suelo municipal desde que en 1992 se creara la empresa Projunsa son numerosos. Y los intentos para que el alcalde socialista dé explicaciones completas y verosímiles a la oposición inútiles. Las tentativas han chocado con un muro de silencio o con peregrinas explicaciones como la dada por el alcalde Rodríguez Salas el pasado mes de diciembre a la petición de comprobar determinados gastos contables: "El derecho de información del accionista, como todo derecho subjetivo, ha de ejercitarse conforme a la buena fe, sin que autorice a investigar en la contabilidad y en los libros sociales y menos aún en toda la documentación de la sociedad; y en modo alguno se puede convertir en entorpecimiento innecesario y perjudicial para la vida de las sociedades".

Desde hace un año está abierto el proceso de liquidación de Projunsa. El mes pasado, IU preguntó al liquidador único, Sebastián Carbajo Gutiérrez, sobre el balance inicial de la liquidación. Casi cinco meses después aún no ha habido contestación.