El portavoz de IU en el Ayuntamiento, Francisco Puentedura, propuso ayer acabar con la seguridad privada del Consistorio, una medida que supondría un ahorro de 750.000 euros al año.

El edil explicó que Casesa, la empresa que tiene adjudicado el contrato de la seguridad privada aparece como una empresa deudora en Hacienda por valor de tres millones de euros con el erario público por lo que no podría renovar su contrato.

Acogiéndose a la Ley de Contratación Pública, el portavoz de izquierdas instó al gobierno a revisar un contrato que finaliza a finales de este mismo año. "Hay que acabar con la privatización de la seguridad privada en el Ayuntamiento de Granada", sostuvo el portavoz. En total son más de diez dependencias municipales las que disponen de dicha seguridad, entre las que se encuentra el Ayuntamiento o el Carmen de los Mártires.

Un "gasto impropio" en servicios que podría prestar sin problema la Policía Local, que acumula entre sus funciones la guardia y custodia de los edificios municipales, tal y como establece la ley andaluza que regula los cuerpos policiales. Por otro lado, Puentedura indicó que debe revisarse también el contrato con la empresa Granada Eventos Globales (Gegsa). Ambos contratos se encuentran en situación de prórroga, por lo que es buen momento para revisar las condiciones de los mismos y recortar un gasto que podría destinarse "a mantener otros servicios público, e inversiones que generen empleo y mejoren los barrios".