Tribunales

Ignacio Fernández Sanz, exalcalde del PP en Otura, será juzgado el 12 de junio

  • Está acusado de un delito de prevaricación por la supuesta adjudicación irregular de las obras de dos aulas en el colegio infantil Virgen de la Paz

  • La Fiscalía ha solicitado para él nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación

El exalcalde de Otura Ignacio Fernández-Sanz (PP) El exalcalde de Otura Ignacio Fernández-Sanz (PP)

El exalcalde de Otura Ignacio Fernández-Sanz (PP) / G. H.

Ignacio Fernández-Sanz, el exalcalde de Otura del PP, se sentará en el banquillo el próximo 12 de junio del Juzgado de lo Penal 4 de Granada acusado de un delito de prevaricación por la supuesta adjudicación irregular de las obras de dos aulas en el colegio infantil Virgen de la Paz, en el municipio metropolitano, sin seguir el procedimiento legalmente establecido.

La Fiscalía ha solicitado para él nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, según consta en el escrito de acusación provisional.

El caso se inició tras una denuncia de la Fiscalía por unos hechos que se remontan a los meses de julio a septiembre de 2011, cuando el entonces alcalde de Otura supuestamente adjudicó a una empresa "de forma directa" y sin la preceptiva oferta pública las obras de construcción de estas dos aulas en el colegio de la localidad, que se presupuestaron en 85.196 euros más IVA. 

La fiscal le acusa de hacerlo "sin seguir, a sabiendas", el procedimiento administrativo, que consistía en la elaboración de un proyecto de ejecución redactado por personal técnico y en el seguimiento de un procedimiento negociado sin publicidad.

Finalmente la obra se ejecutó en agosto de 2011 por la empresa adjudicataria por 70.509 euros que fueron abonados por el Consistorio. El Ayuntamiento de Otura ejerce la acusación particular en este proceso, por el que el exalcalde fue procesado hace ahora un año.

Estos datos aparecían en el informe emitido por el entonces arquitecto municipal, un dictamen del que según el auto el investigado tenía "perfecto conocimiento".

Entre otras causas, la Audiencia de Granada ya condenó en 2015 a Fernández-Sanz a 16 años de inhabilitación para cargo público por las gestiones realizadas en la tramitación de una urbanización.

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