Imputan a Pérez Cotarelo y a Julio Bernardo por posible prevaricación

La actual portavoz de IU en la Diputación, Asunción Pérez Cotarelo, y el ex vicepresidente de la institución provincial, Julio Bernardo (también de IU), tendrán que declarar como imputados ante el juez de Instrucción número 8 de Granada el próximo 4 de marzo, tras haber sido denunciados por posibles delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental. Ambos y una técnico serán interrogados sobre la gestión del programa cultural que la Diputación, estando gobernada por PSOE e IU, desarrolló en Marruecos en el marco de la feria Mercamed.

Asimismo, un día después, tendrán que comparecer el ex director del área de Cultura, Juventud y Cooperación de la Diputación y una funcionaria de la Diputación, según consta en una providencia dictada hace una semana y a la que ha tenido acceso este periódico. Aunque esta causa está relacionada con las actividades que se organizaron en Tetuán en 2011, es distinta al 'caso Mercamed', instruida en el Juzgado de Instrucción 6 y que cuenta con 14 imputados, entre ellos el propio Bernardo.

La investigación de los hechos, que han acabado en los juzgados por una denuncia de la actual corporación provincial, la motivó una serie de facturas que recibió la Diputación. Según la diputada de Empleo y Desarrollo Provincial, María Merinda Sádaba (PP), un ciudadano marroquí "nos reclama el pago de un alquiler de una casa". Desde la institución provincial aseguran que "no existía constancia" de que con esta persona se hubiese contratado "absolutamente nada". Sádaba reconoció ayer en rueda de prensa que "no había nota de contratación ni factura". Sin embargo, este hombre reclama el pago. Es en julio de 2012 cuando la institución abre unas diligencias internas a raíz de otra reclamación de otra empresa que actuaba de intermediaria en la operación y pone el asunto en conocimiento del juzgado.

Estos hechos son "los que originan que nos pongamos a aclarar lo ocurrido. Muchas irregularidades que queremos que se aclaren", afirmó la diputada de Empleo y Desarrollo Provincial.

En esta causa, bautizada como 'caso Cotarelo', hay ya un total de 11 imputados, de los cuales cuatro también lo están en el 'caso Mercamed'. Entre ellos hay varios empresarios que ya han declarado, a través de exhorto, en los juzgados de Madrid. A juicio de la diputada, los asuntos que aquí se tratan "vuelven a ser una presunta trama de irregularidad en la contratación de cómo intentaron cocinar expedientes con presupuestos presuntamente falsos".

La Diputación recordó que Pérez Cotarelo era la "máxima" responsable del proyecto Magreb del que se derivan las "presuntas irregularidades". Con lo cual era la encargada, según Sádaba, de "velar" porque los fondos se gestionaran con "total transparencia y pulcritud", siguiendo todos los procedimientos administrativos "necesarios". Y es que, como indicó la diputada, se produjeron cesiones de bienes "sin inventariar" por parte de la institución provincial además de no seguir los trámites "oportunos".

En el apartado económico, el presupuesto total del proyecto ascendía a 898.722 euros, de los que la Diputación aportaba el 25% (224.000 euros). De la cifra global "deberían invertirse" en Marruecos en torno a 67.000 euros. En cambio, "las facturas a las que aludimos en la denuncia ascienden a 208.449 euros. Un expolio a las arcas públicas".

Entre los bienes, la diputada destacó un 'Libro mágico' -un Ipad al que al soplarle pasa las páginas- por valor de 12.000 euros que se cedió para exponerlo en la Torre de la Khasba y "no se inventarió". También paneles expositivos que hoy en día "no se sabe donde están y que deberían permanecer en activo durante cinco años", al contar con financiación europea. Sádaba lamentó que no haya "ni un solo acta" del pleno de la Diputación en el que se llevara la cesión de este material. Sin embargo, "sí hay" un documento firmado por Bernardo con el Ministerio de Cultura del país vecino para la cesión de esos bienes, acción que "estaba fuera de sus competencias".

Fue en marzo de 2013 cuando el Juzgado de Instrucción 8 abrió las diligencias previas del 'caso Cotarelo', según la documentación del caso facilitada a Granada Hoy.