En una provincia que arrastra todavía 127.600 parados como herencia de los peores años de la crisis, que ve cómo miles de familias sobreviven a duras penas sin prestaciones y sin colchón alguno que amortigüe la caída, las prioridades están claras. Reactivar la actividad económica, crear empleo y "blindar" los servicios públicos que sustentan el Estado de Bienestar. Los "presupuestos de estabilidad" que presentó ayer la Junta de Andalucía para Granada reflejan estos tres objetivos que, aunque no agotan las inversiones del Gobierno autonómico, sí copan muchas de las iniciativas que pondrá en marcha en 2017. Buena parte de los 33.239 millones de euros que prevé invertir la Junta de Andalucía en toda la comunidad está relacionada, de una forma u otra, con el impulso económico y las políticas sociales.

En el caso de Granada, la creación de empleo a la que aspira la Junta de Andalucía está muy vinculada a dos 'nuevos' motores económicos: la industria y los servicios sociales. En 2017, el Gobierno pondrá en marcha un plan de empleo vinculado de forma específica al sector industrial, que recibirá 12 millones de euros. Además, destinará otros 12,5 millones a incentivar proyectos empresariales de I+D+i, para el desarrollo industrial y para espacios logísticos. Todavía es imposible contabilizar en cuántos puestos de trabajo se traducirá esta nueva política, la delegada del Gobierno en Granada, Sandra García, sí adelanto que elevarán de forma considerable los casi 3.400 puestos de trabajo que se crearán con los distintos planes de empleo a los que la Junta dará continuidad, que contarán con una inversión general de 28 millones de euros.

Directamente relacionadas con la reactivación y reorientación de la economía granadina, García también detalló las actuaciones mineras en El Cascajal de Loja y en la Sierra de Baza (con una inversión de 700.0000 euros); la inversión de 8,78 millones que destinará a los incentivos al desarrollo sostenible; los 5 millones para el fomento y consolidación del trabajo autónomos; los 8 millones para cursos de formación; o los 5,6 millones del Programa Orienta.

El otro gran pilar de la actuación de la Junta de Andalucía se enmarca en las políticas sociales, que dejarán 202 millones de euros en la provincia y generarán alrededor de 10.500 empleos. Los contratos vinculados directamente con el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Igualdad y Bienestar Social, explicó ayer la consejera del área, María José Sánchez, generarán la nada desdeñable cifra de 4.190 puestos de trabajo. Sánchez destacó ayer la importancia de un "compromiso inversor" millonario que no debe verse como un gasto, sino como "una inversión en las personas y en la generación de empleo".

La atención a la dependencia aumentará un 2,5%, lo que extenderá la atención a 29.600 granadinos y sumará 30.300 prestaciones, con un presupuesto de 145 millones. La consejera confió en que el nuevo Gobierno recupere su compromiso de financiación con la dependencia (del 50%, aunque ahora se hace cargo de solo un 22%), lo que permitiría "terminar con las listas de espera". Dentro de las políticas de bienestar social, la Junta también elevará a 6.550 las plazas en centros de días y residencias; destinando 1,6 millones de fondos europeos para nueve centros residenciales y de participación activa de Armilla, Baza, Granada, Guadix, Loja, Motril y Ugíjar; y aumentará hasta 4,3 millones las horas de atención dentro del servicio de ayuda a domicilio, que beneficiará a 9.100 personas. En cuanto a la teleasistencia, un servicio que la Junta sostiene "a pulmón", el año que viene atenderá a 24.600 granadinos.

Las familias y los colectivos vulnerables también son una prioridad, así que el Gobierno autónomia ha presupuestado ayudas económicas familiares para atender a 2.060 familias y 3.700 menores; a los que se suman la inversión para los 18 equipos de tratamiento familiar (que beneficiarán a 1.520 menores) y la destinada a las 290 familias acogedoras, que atenderán a 600 menores granadinos. También se destinarán destinará 4,5 millones al plan concertado de servicios sociales y 10,6 para el ingreso mínimo de solidaridad; 6,3 millones para conciertos con los centros de protección de menores; 5,4 para el programa de intervención en zonas desfavorecidas; y 1,5 millones para atención a drogodependencia.

"Este presupuesto recoge un compromiso con Granada y con los que peor lo están pasando", indicó María José Sánchez, que también advirtió de que se trata de unas cuentas "que miran lo local". En ese sentido, recordó que en 2017 los ayuntamientos recibirán 64,5 millones de la PATRICA (participación en los ingresos de la comunidad autónoma) y otros 6,7 millones en el marcos del Plan de Fomento del Empleo Agrario, lo que supone un 12% más.