Algunos de los principales investigados del caso Nazarí, de presunta corrupción municipal en Granada, entre ellos la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto, han remitido un escrito a la jueza para aclarar algunos aspectos sobre las presuntas "ilegalidades" reveladas por la fiscal en su último informe sobre la pieza del complejo deportivo Campus. La principal matización consiste en que la venta del terreno público de uso deportivo a un promotor privado no la hizo el Ayuntamiento de la capital sino la Junta de Andalucía, a través del antiguo IFA, Instituto de Fomento de Andalucía. 

Este escrito enviado al Juzgado de Instrucción 2 de Granada viene a contestar al informe de la fiscal sobre la pieza Campus, en el que al final pide el archivo de las diligencias por no encontrar relevancia penal a los hechos que se investigan. Pero aquel escrito publicado por Granada Hoy sí exponía de forma pormenorizada una larga lista de supuestas "irregularidades" e "ilegalidades" urbanísticas que a juicio del Ministerio Público se habrían cometido en la gestión de aquellos terrenos y los proyectos posteriores, como el complejo deportivo privado de tenis y pádel o el IMUDs de la Universidad. 

El principal motivo esgrimido por la fiscal para considerar ilegal todo lo actuado allí (aunque considera que es una cuestión a dirimir en la jurisdicción contencioso administrativa) es que se vendiera a un promotor privado, Roberto García Arrabal -también investigado en este caso- unos terrenos demaniales que, por tanto, eran de uso público y no podían enajenarse sin haber sido desafectados previamente. 

Los investigados que eran altos cargos de Urbanismo en el Ayuntamiento aclaran ahora que esa venta no la llevó a cabo el Ayuntamiento sino la Junta de Andalucía (a través del IFA), ya que el municipio le había cedido el suelo en 2004 en cumplimiento del convenio para el desarrollo de todo el PTS de Granada. 

Según expone el letrado en su escrito, la certificación del Registro de la Propiedad que consta en las diligencias revela que "la parcela fue adquirida por la Junta mediante cesión gratuita por convenio de fecha 25 de Noviembre de 2002, elevado a pública con fecha 28 Abril 2005. Por lo tanto, la parcela pasó a ser propiedad de la Junta de Andalucía desde aquella fecha y pasó a manos de la Agencia IDEA (antigua IFA) de la Junta de Andalucía. Consta en la inscripción tercera que el Instituto de Fomento de Andalucía vendió la parcela a Área Sur (la empresa de García Arrabal) en 2007 por 3.099.192 euros".

Otro de los aspectos que la fiscal señalaba en su informe como irregularidad en este caso es el de la autorización a la Universidad para construir un centro de investigación en una parcela que el PGOU destina a usos deportivos. Los mismos investigados también matizan que "debe tratarse también de un error, puesto que consta también en las escrituras de adquisición y la descripción del inmueble B como un centro de investigación deportiva, con actividades deportivas descubiertas, y un edificio en forma de L con dos plantas, que contiene vestuarios, sala de fisioterapia, ergometría de ski, área de rehabilitación, piscina terapéutica y salas deportivas polivalentes, salas de monitores y áreas de ejercicio controlado. Así pues, entienden ellos que las instalaciones son deportivas. 

Este escrito tiene su relevancia en el caso, porque aunque al fiscal haya pedido el sobreseimiento de las diligencias, esto no implica necesariamente que la jueza lleve a cabo el archivo. Hay más partes personadas que pueden instar a la jueza a impulsar la causa y llevarla a juicio, como ya ha ocurrido con otras piezas separadas como la del piso del exalcalde Torres Hurtado e Isabel Nieto. Las consideraciones de la fiscal en su informe podría tener relevancia en ese contexto.

También explican los investigados a través de su escrito a la jueza que al hacerse público el contenido del informe de la fiscal, con el detalle de las presuntas irregularidades que relata a la jueza, les perjudica al afectar directamente a su "honor", que "se pone en entredicho".