El caso Juana Rivas va camino de convertirse en el nuevo culebrón del verano como ya ocurriera justo hace dos años. Tras admitir a trámite el Tribunal Supremo el recurso de casación presentado por los representantes legales de la madre de Maracena, el siguiente paso de su equipo jurídico ha sido solicitar al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y al Parlamento Europeo que adopten “cuantas medidas sean necesarias” para la protección de sus hijos, después de presentar una nueva denuncia contra su exmarido por presuntamente maltratar y amenazar de muerte a los menores.

En un escrito remitido al delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, la madre le pide que “inste a quien corresponda” para garantizar “la protección jurídica internacional” de sus hijos, de 13 y 5 años, y que requiera “la plena colaboración y cooperación” del Gobierno de Italia, donde los niños viven con su padre.

El documento también pide a Fernández que “impulse” esa misma petición a los grupos parlamentarios del Congreso “para que a su vez insten a los diputados del Parlamento Europeo” a tomar las medidas oportunas.

El escrito, registrado el 31 de julio y firmado por Juan de Dios Ramírez, uno de los componentes del equipo legal que defiende a Rivas, coincide con la decisión del Supremo de admitir el recurso de casación contra la sentencia que confirmó la condena de la mujer a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores. Rivas desea que el Congreso promueva “cambios legislativos” para garantizar la seguridad de las víctimas de maltrato y violencia de género.