Un lustro –y un sinfín de fases– después de que se dictase aquella primera orden judicial en diciembre de 2016 que le obligaba a devolver a sus hijos a Italia, Juana Rivas, la vecina de Maracena que saltó al escenario mediático el verano de 2017 por permanecer junto a los dos menores durante más de un mes en paradero desconocido, ha obtenido el indulto parcial. Así lo acordó la mañana de este martes el Consejo de Ministros, que decidió conceder esta medida de gracia a esta madre granadina que, por estos hechos, fue condenada en el año 2018 a dos años y medio de cárcel por un delito de sustracción de sus dos hijos menores, así como a seis años de la pérdida de la patria potestad. De este modo, el Ejecutivo ha rebajado la pena de prisión a un año y tres meses, y los seis años de inhabilitación para ejercer la patria potestad los ha conmutado por 180 días de trabajo en beneficio de la comunidad. Así, una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado la maracenera será excarcelada.

El indulto, según señaló el Ministerio de Justicia en un comunicado, ha quedado condicionado a que Rivas no cometa el mismo delito por el que fue condenada en el plazo de 4 años desde la publicación del real decreto que concede esta medida de gracia, y por el que, en la actualidad cumple su condena en el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada después de que el juzgado de Vigilancia Penitenciaria estimara el recurso de la Fiscalía contra el tercer grado que concedió en un primer momento.

Los hechos por los que fue condenada tuvieron lugar en el verano del 2017, cuando permaneció un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre, el italiano Francesco Arcuri, quien a su vez en 2009 fue condenado por lesionarla y al que ella había vuelto a denunciar por maltrato en 2016, pese a que la justicia italiana llegó a archivar esta última y otras siete denuncias por maltrato que la granadina había presentado. Si bien, el caso de Juana Rivas ha contado con numerosos capítulos desde entonces, hasta el punto de acumular cinco años de litigios y lucha mediática entre la maracenera y su expareja, Francesco Arcuri.

Fue precisamente en 2016 cuando la maracenera se trasladó, junto a sus hijos de entonces tres y once años, a España tras abandonar Carloforte, una pequeña localidad de Cerdeña (Italia) donde residían, bajo el pretexto de visitar a sus familiares en Granada, pero con la finalidad de alejarse del padre de los menores, a quien la maracenera acusaba nuevamente de maltrato, algo que no se llegó a probar. Ante ello, en diciembre de ese año se dictó una orden judicial por la que se le obligaba a devolver a los menores, después de que Arcuri interpusiera una denuncia de sustracción internacional de menores.

El 26 de julio del 2017, Rivas, con el fin de evitar el cumplimiento de la orden judicial, se fugó con los menores a un paradero desconocido, permaneciendo así por un mes. Esta situación provocó que Arcuri denunciara nuevamente a la maracenera, quien por su parte había pedido amparo al Tribunal Constitucional sin que le fuera concedido, y que en agosto de ese mismo año se dictase una orden de detención contra ella.

Así se llegó hasta finales de mes, cuando tras haber vuelto a obtener una negativa (la segunda) por parte del  Constitucional, haber expuesto en una carta pública los motivos de su huida –alegó ser víctima de maltrato y que temía por sus hijos– y haber faltado a las citaciones judiciales, finalmente el 22 de agosto se personó en los juzgados de Granada, sin los menores, y fue detenida acusada de dos delitos de sustracción de menores, uno por cada hijo.

No fue hasta un año después cuando, en julio de 2018, Juana Rivas fue condenada por estos hechos a cinco años de prisión y seis de pérdida de la patria potestad de los menores, pena que en marzo de 2019 fue ratificada por la Audiencia Provincial de Granada, tras haber sido recurrida por la maracenera. Si bien, esto hizo que en esa misma fecha, la justicia italiana, donde también existe un recorrido judicial del caso Juana Rivas, paralelo al de la española, decretó conceder la custodia exclusiva de los menores a Francesco Arcuri.

Con toda esta situación, y tras la ratificación por parte de la Audiencia, Rivas elevó su recurso al Tribunal Supremo en mayo de 2019, para pedir una rebaja de la pena, algo que no llegó hasta dos años después. Y es que no fue hasta abril de este 2021 cuando el Supremo bajó a  dos años y seis meses de prisión la pena impuesta, al entender que se trataba de  un solo delito de sustracción de menores en vez de dos, dejando igual la condena a seis años de pérdida de la patria potestad. Esto hizo que un mes después, mientras que la defensa de la maracenera tramitaba la petición de indulto, el juez del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, Manuel Piñar, dictó el 27 de mayo un auto de detención e ingreso en prisión de Rivas, dándole un plazo de 15 días para ello.

El 11 de junio, Rivas se personó de forma voluntaria en el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada, donde comenzó a cumplir su condena, mientras aguardaba la decisión del Gobierno sobre su indulto. "Jamás en mi vida hubiera pensado que nos pasaría algo así. Creo que principalmente está condena es para mis hijos", aseguró entonces Juana Rivas, quien tan solo cuatro días después lograba el tercer grado.

El 15 de junio, la maracenera salió del CIS Matilde Cantos para cumplir condena en su casa con control telemático, algo que en julio se encontró con la oposición de la Fiscalía. El Ministerio Público solicitó al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria la revocación del tercer grado de la maracenera, el cual finalmente estimó de forma parcial la petición. Así, a fecha de 20 de julio señaló que debía mantenerse el tercer grado, pero en la modalidad establecida en el artículo 82.1 del Reglamento Penitenciario, esto es con un horario diario que estableciera el CIS; así como con restricciones en las salidas de fin de semana a dos al mes.

Así se llegó hasta este martes 16 de noviembre en el que finalmente el Consejo de Ministros acordó concederle el indulto parcial, una decisión que llegó dos semanas después de que el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) enviara un informe perceptivo al Gobierno sobre la postura de sus magistrados en torno a esta decisión. Y es que el Supremo, que se mostró unánime en su oposición al indulto total, reconoció que existía división respecto al parcial que ahora le ha sido otorgado. En concreto, ocho de sus magistrados apoyaron el indulto parcial para Rivas, mientras que otros ocho, entre los que se incluye el presidente de la Sala, Manuel Marchena, se opusieron.

Los primeros hacían referencia para explicar su postura al "interés superior del menor", a la condena a la expareja de Rivas y padre de los niños por un delito de lesiones en el ámbito familiar o a declaraciones realizadas por el hijo mayor de la pareja en sede judicial en las que "manifiesta su deseo de vivir con la madre y los malos tratos del padre". Los segundos consideraron que si esta medida de gracia se administraba "sin atender a circunstancias verdaderamente distintivas, relacionadas desde luego con criterios de equidad", se vería afectada "la generalidad de la norma y el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos".

La Fiscalía, por su parte, había apoyado la concesión de un indulto parcial, rebajando la pena de prisión en seis meses, hasta los dos años, y dejando la inhabilitación para ejercer la patria potestad en cuatro años, en vez de en seis.

Si bien, finalmente el Gobierno decidió ir más allá, rebajando a la mitad la pena de cárcel y conmutando la inhabilitación para ejercer la patria potestad, lo que la acerca a sus hijos, según el comunicado emitido por el Ministerio de Justicia, en el que aseguró que la decisión se había tomado "teniendo en cuenta razones de justicia y equidad, atendiendo fundamentalmente al interés superior de los menores". Asimismo, según prosiguió el departamento que dirige Pilar Llop, "se valora que la indultada carece de antecedentes penales, ha satisfecho la responsabilidad civil y ha cumplido las resoluciones judiciales sobre guardia y custodia, así como los plazos y términos del régimen de visitas".

Tras conocerse esta medida de gracia, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, justificó la decisión en los mismos términos: fundamentalmente, en base al interés de los hijos de Rivas. 

Tras explicar que se trata de una medida de gracia reconocida en la Constitución Española y en la legislación vigente, la ministra subrayó que lo que ha hecho el Gobierno ha sido "tomar en consideración fundamentalmente el interés del menor, el interés de sus hijos". También, aseguró que se habían tenido en cuenta las circunstancias vitales que tenía Rivas cuando cometió los hechos por los que fue condenada por la Justicia.

"Lo hemos hecho, como siempre, atendiendo al protocolo, al procedimiento y a los informes tanto del tribunal sentenciador y la Fiscalía", señaló Rodríguez, quien resaltó al informar del indulto que era un acuerdo importante por la atención social que recibió el caso y las consecuencias para las personas afectadas, fundamentalmente, para la propia Rivas.

A través de Twitter, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se felicitó por el indulto aunque, a su juicio llega "tarde", pero que es, dijo, "un acto de justicia y reparación y el cierre de una brecha entre la legislación sin perspectiva de género y una madre que protegió a sus hijos de la violencia machista", una valoración que fue criticada con dureza por Ciudadanos. "Estas acusaciones son gravísimas. ¿Insinúa la ministra de Igualdad que se trata de un indulto político? El Gobierno debe aclarar si se han seguido criterios objetivos. Basta de jugar con la separación de poderes", señaló también en Twitter su portavoz, Edmundo Bal.

Por otro lado, Vox dejó también clara su postura y cargó contra la concesión. "Juana Rivas recibe un indulto del Gobierno. Después de delinquir, mentir, destrozar vidas inocentes y haber hecho pasar un infierno a su exmarido y a sus hijos. Porque es mujer", dejó escrito en la red social su portavoz en políticas de Igualdad, Carla Toscano.

Frente a esta valoración, el líder Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, consideró que "es de justicia" que Rivas no esté entre rejas y confió en que se resuelvan con la misma celeridad las peticiones de indulto para los raperos Hasel y Valtonyc. Mientras que el líder de Más País, Íñigo Errejón, aseguró, también en Twitter, que "se aprueba el indulto parcial a Juana Rivas. Su lucha es y será ejemplo incansable frente al machismo".