Granada

El caso de Juana Rivas desata una compleja batalla legal por sus hijos

  • La Junta brindará a la madre asistencia jurídica para suspender el régimen de visitas

  • Estudia personarse como acusación particular

  • El abogado del padre inicia acciones legales contra la mujer

Juana Rivas muy afectada un día antes de su huida cuando pidió a la justicia no entregar a sus hijos.

Juana Rivas muy afectada un día antes de su huida cuando pidió a la justicia no entregar a sus hijos. / álex cámara

La tensión aumenta tras la huida de Juana Rivas, la mujer maltratada que debía entregar a sus niños el pasado miércoles por orden del Juzgado Número 3 de Primera Instancia de Granada. Nadie sabe nada sobre el paradero de esta granadina que, desesperada decidió poner tierra y huir con sus hijos por segunda vez incumpliendo el requerimiento de la jueza. El problema es que esta decisión puede salirle cara. Aunque Juana ha recibido un gran apoyo por parte de toda la sociedad y de las instituciones -la Junta de Andalucía se ha ofrecido a personarse para pedir medidas cautelares-, el conflicto se complica con su decisión de no entregar a los niños de once y tres años en el Punto de Encuentro Familiar de la Junta de Andalucía. Así lo reconocieron ayer el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) Miguel Pasquau o la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago.

El magistrado afirmó en una entrevista en la Cadena Ser que la madre podría estar incurriendo en un delito de sustracción de menores. En caso de comprometerse a restituir a los niños en un plazo de 24 horas, la madre podría eximir la responsabilidad, detalló Pasquau. No obstante, y dado que hasta el momento no se sabe nada de Juana, Pasquau reconoció que la situación es "delicada" y que se trata de un delito contemplado en el Código Penal. Ayer a las 16:30 de la tarde en el citado Punto de Encuentro no había de nuevo, rastro de la mujer.

El magistrado también apuntó que un juez es quien debe tomar la decisión de aceptar o no si una madre puede retener a sus hijos contra la voluntad del padre en un país diferente a su residencia habitual. Los niños vivieron en Italia hasta el pasado mes de junio cuando Juana decidió regresar a España ante los malos tratos que sufría por parte de su expareja a la que denunció en julio de 2016. Ante esta situación, Pasquau reclamó un proceso en el que, tras escuchar a las dos partes, un juez tome una decisión: "El juez se puede equivocar pero también los demás podemos equivocarnos a la hora de sentenciar".

La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, defendió la necesidad de respetar la legalidad y las resoluciones judiciales que deben cumplirse "por encima del dolor de un caso y la empatía social que puede generar". Así, aseguró que existe la posibilidad de recurrir pero "sin tomarse la justicia por la mano". El mismo argumento que la jueza había manifestado en los últimos días en el momento de requerir a Juana la restitución.

Lo que pase de ahora en adelante dependerá de si la mujer decide entregar a los niños y de las acciones legales que pueda emprender el padre. Su abogado, Alfonso Alonso, anunció ayer que ya ha iniciado acciones legales contra la mujer al entender que ya se han producido "dos secuestros". Se refería al momento en que Juana decidió marcharse de Italia con los niños a Granada para no regresar y a la tarde del pasado miércoles cuando incumplió el requerimiento judicial y no los entregó. Por el momento, la jueza mantiene vigente el auxilio realizado a los cuerpos y fuerzas de seguridad para localizar a la madre y a los niños. Los efectivos tenían la misión de velar por la seguridad durante el transcurso del proceso de entrega. La Policía Nacional actuó en Granada y la Guardia Civil en Maracena para evitar altercados.

Ante la incomparecencia de la mujer, la Guardia Civil visitó algunos lugares donde podría estar para localizarla. Al no localizarla ayer por la mañana manifestaron a la jueza que Juana no había sido localizada ni tampoco sus niños. La jueza no ordenó nada por lo que se mantiene en vigor la orden de que entregue a los niños. Por el momento seguirán realizando algunas gestiones para encontrarla pero no existe un dispositivo especial para ello. En caso de que el padre presente la denuncia se activará el protocolo de secuestro con las herramientas necesarias para iniciar la búsqueda que debe ser ordenada por un juez que sería distinto puesto que se tramita por la vía penal. "Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil recibieron un auto solo para auxiliar al padre en la recogida, es decir, para que se pudiera realizar ésta y una vez que no se ha producido la entrega estamos a la espera de la decisión de la autoridad judicial sobre qué hacer", apuntó ayer el delegado de Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.

La mujer, que al cierre de la edición de este periódico seguía en paradero desconocido junto a sus hijos, no solo ha recibido el apoyo de la sociedad. La propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, anunció ayer que proporcionará asistencia jurídica a Juana para pedir la suspensión del régimen de visitas de sus hijos. Posteriormente, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, explicó en rueda de prensa la disposición de la Junta a personarse en la causa para solicitar medidas cautelares y usar los datos que tiene de la atención a uno de sus hijos desde enero. Sánchez detalló que se posibilitaría, así, pedir las medidas cautelares que contempla el artículo 158 del Código Civil español, relacionado con el "interés superior de los menores". El problema es que para que la Junta pueda personarse, debe obtener el consentimiento de la madre, que continúa en paradero desconocido, por lo que las gestiones se realizan con la letrada de Rivas y con el Centro de Información a la Mujer de Maracena.

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