El caso Juana Rivas y la batalla de la madre de Maracena con el padre de los menores se ha vuelto a recrudecer este verano, de nuevo coincidiendo con el periodo vacacional en un momento en el que deben regresar a Italia con el padre.  Ahora Juana Rivas ha solicitado al servicio de Protección de Menores de la Junta que tutele a sus dos hijos, de trece y cinco años, y que los ingrese en un centro de acogida inmediata antes de que vuelvan con su expareja y padre de los niños, Francesco Arcuri, a quien ha denunciado por maltrato a los menores.

Rivas, que fue condenada a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores por permanecer un mes en paradero desconocido con sus dos hijos para no entregarlos al padre, ha presentado la petición en la delegación territorial de la consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

En el escrito, fechado este lunes y al que ha tenido acceso Efe, esta vecina de Maracena ha pedido a la Junta que tutele a los niños al interpretar que existe un "riesgo grave para su integridad física y psicológica".

En la petición, Rivas fija como margen máximo de actuación el próximo 15 de agosto, día en el que los niños deben volver a Carloforte con su padre, el italiano Francesco Arcuri, que tiene la custodia de los dos menores.

Como alternativa, Rivas ha solicitado a la Junta que garantice que la justicia italiana ha tomado medidas de protección para los niños que eviten "los riesgos existentes" y los tutele desde el mismo 15 de agosto para que no se queden con "el presunto agresor".

Ha argumentado su petición en el informe clínico elaborado por un hospital de Granada el pasado mes de julio y que apuntaría el riesgo de que los menores continúen conviviendo con el padre.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Granada ya denegó este mismo mes a Rivas la adopción de medidas cautelares para "proteger" a sus dos hijos en un auto que ha sido recurrido ante la Audiencia de Granada.

Lo hizo como respuesta a la denuncia formalizada por Rivas contra Arcuri por supuestos delitos de violencia doméstica, lesiones y amenazas de muerte del padre hacia sus dos hijos, pero el juzgado se declaró no competente en esta denuncia penal.