Juana Rivas ha salido este martes del Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada para cumplir condena en su casa con control telemático. Rivas ingresó el pasado día 11 en ese CIS para cumplir la condena de dos años y medio de prisión que se le impuso por no haber entregado a sus hijos al padre en el verano de 2017. "Valoramos muy positivamente esta decisión. Juana cumple todos los requisitos legales para poder disfrutar de este beneficio penitenciario", aseguró el abogado de la maracenera, Carlos Aránguez, que insistió en que seguirán "luchando" para que Juana recupere a sus hijos "a la mayor brevedad".

A propuesta de la Junta de Tratamiento de ese centro, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias clasificó a la interna en tercer grado y le aplicó el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, lo que supone cumplir la pena en casa con pulsera telemática.

Para esa decisión, y como establece la normativa, se ha tenido en cuenta el ingreso voluntario de Rivas en el CIS, que la condena que se le impuso no era superior a cinco años, que se trata de su primer delito y que su causa tiene una antigüedad superior a tres años.

A todo ello se añade su adaptación social y el apoyo familiar del que goza, otros requisitos que la normativa penitenciaria establece para poder conceder un tercer grado en régimen abierto. El acceso directo al tercer grado está regulado por una Instrucción de 2007 aprobada cuando Mercedes Gallizo dirigía la Secretaría General, y el control telemático por una de 2019.

La Secretaría General que encabeza Ángel Luis Ortiz está apostando, siempre que las circunstancias penales y penitenciarias lo permiten, por el cumplimiento de las penas en medio abierto, como ha resaltado en reiteradas ocasiones el titular de este organismo.

Ante ello, Rivas permanecerá en su domicilio, del que podrá salir para sus tareas habituales, y estará supervisada mediante un brazalete de control telemático. Si bien, según indicó su abogado, seguirán impulsando la petición de indulto que ya formularon el pasado 4 de mayo y que aún está pendiente de resolución.