Tribunales

Comienza el juicio al ex alcalde de Cogollos Vega acusado de prevaricación urbanística

  • También están acusados el arquitecto, el secretario del Ayuntamiento y dos de sus familiares 

Comienza el juicio al ex alcalde de Cogollos Vega acusado de prevaricación urbanística Comienza el juicio al ex alcalde de Cogollos Vega acusado de prevaricación urbanística

Comienza el juicio al ex alcalde de Cogollos Vega acusado de prevaricación urbanística / G. H.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial enjuicia desde hoy al exalcalde de Cogollos Vega, el independiente Francisco Luzón, para quien la Fiscalía pide una pena de dos años de prisión y nueve de inhabilitación por la presunta comisión de un delito de prevaricación urbanística en la recalificación de un terreno del centro de este municipio del Área Metropolitana, donde se había ubicado una almazara, para un edificio de viviendas.

En la causa, vinculada a hechos que sucedieron entre 2003 y 2008, están también acusados un arquitecto municipal, de iniciales J.C.G.T.; el que era secretario del Ayuntamiento, M.H.G.; y la esposa, E.F.M. Así como la cuñada de este último, E.C.A., según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público.

Mientras que la Fiscalía pide penas por un total de diez años de prisión, nueve de inhabilitación y 130.000 euros de multas por supuestos delitos de prevaricación urbanística, cohecho y blanqueo de capitales para el secretario, al que también acusa de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, para J.C.G.T. solicita cinco años de prisión y multa de 30.000 euros por prevaricación urbanística y cohecho.

Conforme a las normas subsidiarias de Cogollos Vega, el solar estaba clasificado como urbano de uso industrial, si bien, “a través de sucesivos incumplimientos de la legalidad, se llevó a cabo una recalificación del terreno y se autorizó, finalmente, la construcción de un edificio de viviendas”, especifica el fiscal, que mantiene que alcalde y secretario “se concertaron” para “desarrollar una operación urbanística que, contraviniendo” la norma, “redundaría en beneficio de un promotor inmobiliario y en perjuicio del municipio”.

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