El Partido Popular, que ha ejercido la acusación popular durante las fases previas del proceso del caso de las Audioguías de la Alhambra, ha arrancado el juicio este 9 de enero con la noticia de su retirada. "Nos vamos a apartar, porque ya acusan la Fiscalía y la Junta de Andalucía", ha explicado el abogado de la formación política, Mariano Vargas, quien también ha dejado ver la expectativa de las partes ante la posible influencia de la reciente reforma del delito de malversación en este caso, si finalmente se produjera un veredicto de condena. 

El PP se personó en la causa como acusación popular desde el inicio de la instrucción del caso, que comenzó en 2015, con la detención de la exdirectora de la Alhambra y de otros antiguos dirigentes del Patronato que gestiona el monumento. Fue precisamente aquel escándalo judicial el que propició la dimisión de María del Mar Villafranca. 

El letrado de la formación política considera que por su parte ya han hecho su "trabajo" de impulsar la acusación durante la fase de instrucción. La presencia en la bancada de las acusaciones de la Junta de Andalucía y las peticiones de penas de la Fiscalía son suficiente garantías para apartarse del proceso en la fase final, que es el juicio. 

Vargas expuso que, no obstante, estarán muy pendientes de las pruebas para valorar la petición de penas. E introdujo una incógnita que ha estado en el aire estos días, sobre la influencia de la reforma del Código Penal, relativa al delito de malversación, aprobada en diciembre pasado. "Va a ser un juicio muy interesante", decía Vargas a la entrada a la sede de la Audiencia Provincial, que es el edificio de la Real Chancillería de Granada. 

Malversación, prevaricación y blanqueo de capitales

Además de Villafranca, que dimitió en 2015 por este asunto, se sentarán en el banquillo de los acusados la exsecretaria general de la Alhambra, Victoria Eugenia Chamorro; el administrador único de la empresa a la que se adjudicó el servicio de audioguías y el exjefe de la Sección Económica y Contabilidad de Ingresos en el monumento, José M. V. Han sido procesados por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, entre otros.

La Fiscalía de Granada ha solicitado cinco años de prisión para Villafranca y la exsecretaria general del monumento. Para el empresario al que se adjudicó el servicio de audioguías pide diez años de cárcel y multa de un millón de euros y para la empresa o persona jurídica Stendhall Museum Solutions, multa de 21.900 euros y su disolución.

El fiscal también solicita que los acusados indemnicen de manera conjunta y solidaria al monumento con 1.255.816 euros por los perjuicios económicos causados al Patronato de la Alhambra y Generalife. Esta cifra se elevaría en 258.169 euros más por los intereses devengados y no satisfechos hasta noviembre de 2018.

Villafranca se siente "perseguida"

"Sí, me he sentido perseguida", así de contundente se ha mostrado esta mañana la antigua directora de la Alhambra María del Mar Villafranca durante su entrada a la Audiencia Provincial de Granada, donde este lunes comienza el juicio por el llamado caso Audioguías. La exdirigente del monumento se sienta en el banquillo junto a otros tres acusados. Se enfrentan a supuestos delitos de malversación y prevaricación y a penas de cárcel de hasta cinco años. También está acusado el responsable de la empresa responsable del contrato.