El próximo 10 de diciembre comenzará en la Audiencia de Granada el juicio contra los 44 acusados de simular contratos de trabajo para cobrar prestaciones. La Fiscalía de Granada solicita una pena de cuatro años de cárcel para el principal acusado de la trama.

El Ministerio Público ha solicitado cuatro años de cárcel para el acusado de crear una falsa empresa de cereales y, con la ayuda de otro investigado desde una gestoría, hacer contratos falsos para que otros 42 imputados cobraran prestaciones de la Seguridad Social sin haber trabajado.

Según el escrito provisional de acusación de la Fiscalía, la investigación comenzó por las sospechas que levantó la empresa del principal acusado, Felipe V.C, y que motivó la intervención de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) a petición de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal.

El acusado principal tenía una empresa a su nombre ubicada en la calle Virgen de las Nieves de Dílar asociada a dos códigos de actuación y encuadrada en el régimen agrario porque supuestamente se dedicaba al cultivo de cereales.

Empezó a trabajar con uno de los códigos en enero de 2012, cuando dio de alta a 62 trabajadores, aunque la Seguridad Social canceló la empresa por considerarla ficticia en febrero de 2013, pese a lo que 17 de los supuestos empleados generaron derecho a prestaciones.

Felipe V.C. utilizó desde febrero de 2000 el otro código de su empresa, que también fue anulado por la Seguridad Social en diciembre de 2012 por ser "empresa ficticia", momento en el que 11 de los 64 contratados habían generado subsidios.

Según la Fiscalía, en los dos casos el dueño de la empresa actuó con la ayuda del también acusado Juan Manuel G.V., autorizado para operar desde una gestoría de Padul, en la que daba de alta y después de baja a los trabajadores.

"Todo ello desde una apariencia de verdad creada por los acusados con la finalidad de simular la contratación laboral de personas", según el Ministerio Público, que ha apuntado que luego se daban de baja, sin haber trabajado nunca, para recibir subsidios.

Este proceder hizo que cobraran prestaciones indebidas de hasta 7.789 euros otros 33 acusados, además de dinero derivado de bajas por enfermedad siete imputados, por lo que este proceder provocó pérdidas al Servicio Estatal de Empleo de 96.825 euros.

La Fsicalía ha calificado los hechos como un delito continuado de estafa en concurso con otro también continuado de falsedad para los dos principales acusados, o de manera alternativa, un delito contra la Seguridad Social, y ha pedido cuatro años de cárcel y una multa de hasta 290.000 euros.

Los otros 42 acusados se enfrentan a un posible delito contra la Seguridad Social, por el que la Fiscalía ha solicitado dos años de cárcel y el pago de una multa de 4.500 euros.

Todos se enfrentan además a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a incentivos fiscales durante entre cuatro y seis años.