Los promotores inmobiliarios de la familia Rodríguez Acosta de Granada, representantes de las empresas Comarex y Blauverd, se enfrentan a una petición de cinco años de cárcel por una supuesta estafa a otro constructor que será enjuiciada por la Audiencia Provincial de Granada el próximo mes. 

Desde la crisis del sector inmobiliario de 2007 y la ruina de sus empresas, algunos de los promotores de esta familia se han visto implicados en varios casos judiciales por la gestión de las sociedades, también durante los años de bonanza económica. Son ejemplos la condena ratificada por el Tribunal Supremo por la construcción defectuosa de Los Cármenes del Mar en La Herradura, o su investigación en el caso Marchelo de Alhendín, por presunta compra de favores a los responsables del municipio. 

Este asunto denunciado por otro empresario de Granada, que irá a juicio a partir del 29 de septiembre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada, sentará en el banquillo a cuatro responsables de las empresas del grupo familiar, entre ellos los hermanos Manuel y Fernando, además de Gustavo Rodríguez Acosta. En la lista de acusados también está otro representante de Comarex, Rafael R. B.

Todos ellos están acusados de los delitos de falsedad de documento mercantil, apropiación indebida y, alternativamente, estafa. La Fiscalía sostiene que los promotores se quedaron de forma fraudulenta con 4,5 millones de euros que correspondían a otro empresario, cedente de unas fincas de Huétor Vega que habían sido objeto de varios contratos de opción de compra entre las partes. 

En particular, el escrito de acusación al que ha tenido acceso este periódico relata que los acusados tramaron una operación para privar al denunciante de la mitad del dinero que tenía que abonarles la UTE (unión temporal de empresas) formada por Comarex Desarrollos y Blauverd. En su lugar, obtuvieron una liquidez para la cuenta de la primera de las empresas que permitió enjugar parcialmente el saldo deudor de casi 16 millones de euros que en 2007 tenía la cuenta bancaria de Comarex.  

El pago de las fincas en la zona sur de Huétor Vega que las empresas de los Rodríguez Acosta habían adquirido por varios contratos firmados en 2006 a Inversiones y Desarrollos Javier Millán SL, estaba previsto mediante seis cheques con fecha de enero de 2007. En esos momentos, al inicio de la crisis inmobiliaria, la Fiscalía establece que Comarex tenía un saldo deudor millonario en sus cuentas. 

El vendedor logró cobrar tres de los cheques emitidos por la UTE, por valor de casi 5 millones de euros, pero no pudo acceder a los otros pagarés, cuya entrega se demoró en el tiempo. En ese intervalo, los otros dos cheques de dos millones y el tercero de 577.667 euros, que se cargaron a costa de la cuenta del grupo de empresas, fueron a parar a Comarex Desarrollos SL. "Y ello porque los acusados, actuando de común acuerdo y con ánimo de aparentar verdad, simularon el endoso de tales cheques", expone el escrito fiscal. 

Para obtener este resultado, uno de los acusados habría imitado la firma del empresario que tenía que cobrar el dinero y que aparecía junto a la de varios de los Rodríguez Acosta, autorizando el pago de los cheques que finalmente se ingresaron en la cuenta de Comarex.

Expone la Fiscalía que esta operación fue "conocida, consentida y aprobada por el acusado Fernando Rodríguez Acosta, que era administrador de Inmobiliaria Sur (que controlaba Comarex).

Además de los 5 años de prisión que la Fiscalía solicita para cada uno de los acusados, pesa sobre ellos una petición de multa de 4.020 euros, además de la responsabilidad personal subsidiaria y el pago de las costas del proceso.