La Fiscalía de Granada ha solicitado cinco años de cárcel para cuatro socios de dos empresas de Jaén que estafaron más de un millón de euros en la construcción de un residencial junto al centro comercial Nevada de Armilla (Granada), dinero de las subcontratas que trabajaron pero no cobraron.

Según el escrito provisional de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Efe, los hechos se remontan al mes de julio de 2017 cuando una promotora contrató a una empresa de Castillo de Locubín (Jaén) para realizar una serie de trabajos del "Residencial Nevada". Se trataba de una promoción de 127 viviendas con garajes, locales y trasteros ubicada frente al centro comercial Nevada, en Armilla.

La promotora estipuló pagar a la firma contratista 2,4 millones y abonó por un cheque 1,6 millones, momento en el que la empresa jienense subcontrató a ocho empresas más para ejecutar diferentes partes de la obra.

Los acusados, dos administradores de esa empresa y una administrativa, y el responsable de una segunda empresa del mismo municipio jienense, "de común acuerdo", decidieron modificar la forma de pago acordada con la empresa promotora. Según la Fiscalía, solicitaron en febrero de 2018 a la promotora encargada del residencial un adelanto por obras realizadas de 447.043 euros, para lo que argumentaron que tenían que pagar a sus proveedores.

Para lograr el pago, presentaron diversos documentos firmados y con sello de cada una de las subcontratistas, fechados todos a 31 de enero de 2018 y supuestamente emitidos por las sociedades. Estaban firmados por sus respectivos representantes legales y con sellos de dichas empresas, documentos entre los que se encontraban unas certificaciones en las que se hacía constar "mendazmente" que estaban al corriente en el pago a las subcontratas.

La documentación fue confeccionada al efecto por una de las acusadas, que hacía tareas de administrativa en la empresa investigada. Con estos documentos, la promotora accedió a adelantar pagos valorados en 1,6 millones, de los que 1.005.000 se correspondían con trabajos facturados por las subcontratas. Ese dinero, que debía ser para las subcontratas, fue pagado mediante un cheque que cobraron los acusados.

La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito continuado de estafa en concurso con otro también continuado de falsedad documental y ha pedido para cada uno de los cuatro acusados una condena a cinco años de cárcel y una multa de 3.600 euros. Los cuatro serán juzgados desde el 20 de febrero en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.