Julián Muñoz niega que negociara convenio alguno con Ávila Rojas

A las 11.10 horas de la mañana de ayer irrumpió el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz en la sala de vistas de la Sección Primera de la Audiencia de Granada, donde se está juzgando al conocido constructor y promotor José Ávila Rojas por presunta defraudación a Hacienda en la compraventa de dos fincas ubicadas en suelo marbellí.

Aunque la expectación del escaso público que se encontraba dentro de la sala -salvo tres o cuatro espectadores, los demás eran todos periodistas- era máxima, lo cierto es que la presencia de Julián Muñoz Palomo en Granada no ocasionó un especial revuelo mediático ni ciudadano. Su paso por el tribunal granadino no se diferenció en casi nada al de otros testigos que están prestando testimonio en el juicio que se sigue contra el empresario Ávila Rojas, que comparte con Muñoz la condición de imputado en el caso Malaya. Sólo en el número de periodistas asistentes y en la curiosidad de todas las miradas -su entrada provocó que gran parte de los presentes en la sala se volviera hacia la puerta- se notó que llegaba alguien particular.

La presencia del polémico ex alcalde marbellí, que se encuentra preso y abandonó Plaza Nueva en el furgón de la Guardia Civil, se debió a la firma de un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Marbella durante la época de regencia de Jesús Gil. En concreto, el político fue citado como testigo por la acusación particular para aclarar los extremos de ese convenio, relativo a una de las fincas adquiridas en las dos operaciones inmobiliarias efectuadas en 2001 y 2002 que han llevado al banquillo al empresario granadino. Lo cierto es que el testigo aclaró poco.

"Yo, con Ávila Rojas, jamás negocié ningún convenio", aseguró con rotundidad el ex primer edil, al tiempo que afirmó que no sólo no lo hizo con el empresario granadino, sino que "nunca, ni una sola vez" ha gestionado ningún convenio.

En la época en que se firmó el convenio por el que fue interrogado Muñoz, éste era teniente de alcalde de Jesús Gil y rubricó el documento como alcalde accidental. "Yo siempre preguntaba en todo momento si las cosas estaban bien hechas, y si en la asesoría jurídica me decían que sí, lo firmaba", explicó, al tiempo que aseguró haber firmado del orden de 600 convenios en cuya negociación él no intervenía.

Ni el abogado del Estado ni el abogado que defiende al Ávila Rojas formularon pregunta alguna al desventurado político, que abandonó la sala con semblante serio y con la libreta tamaño folio que suele llevar a los juicios para tomar notas apoyada en su pecho. Su intervención duró justo diez minutos.

Antes de Muñoz testificó otra cara conocida de Marbella, el empresario Rafael Gómez, apodado Sandokán, quién también está imputado en el caso Malaya. Éste compró en 2002 la finca Coto de los Dolores de Marbella que previamente habían adquirido Ávila Rojas y la empresa CCF 21. Tanto Gómez, como su hijo, que también declaró ayer, aseguraron que la operación se cerró con CCF 21 y que no supieron hasta después que el empresario granadino también era propietario de aquella finca.

Los inspectores de Hacienda que declararon ayer como peritos en el juicio contra José Ávila Rojas reafirmaron ante el tribunal la condición de "empresario profesional" del constructor granadino, lo que implica que la compraventa de dos fincas de Marbella por la que se sienta en el banquillo estaba sujeta a IVA.

Según los inspectores, la indudable condición de empresario de Ávila Rojas conllevaba que la compraventa en 2001 y 2002 de las fincas 'Las Monjas' y 'Coto de los Dolores' estuviera "sujeta a IVA", pese a que el constructor tampoco incluyó en la correspondiente declaración del IRPF tales operaciones.

"No es una persona aislada, forma parte de un grupo enorme de sociedades inmobiliarias. Recibía las citaciones en su domicilio fiscal, que coincidía con la sede de sus empresas", aseguró uno de los peritos, quienes protagonizaron un intenso debate con el abogado defensor del promotor, lo que motivó que el juez recordase al letrado de Ávila Rojas que, en este caso, no se enjuicia a ningún inspector de Hacienda y le pidió que dejase las valoraciones para su informe final.

La tesis de los funcionarios de la Agencia Tributaria contrasta con la de los peritos propuestos por la defensa, quienes aseguran que ni a efectos de Renta ni a efectos del IVA puede afirmarse que Ávila Rojas hizo tales operaciones como empresario. A juicio de estos peritos, si el constructor actuó en la compraventa como "persona física" no tenía por qué declarar IVA y, por tanto, no sería reprochable su actuación, lo que es independiente a que sea propietario de otras sociedades.

Una multa de 48 euros. Ese es el castigo que se ha impuesto al final a Konrad T., un joven estudiante alemán que fue sorprendido el pasado 29 de mayo haciendo un grafiti en el Convento Santa Isabel La Real del Albaicín, un inmueble considerado Bien de Interés Cultural (BIC).

Según informó el abogado que ha defendido al chico, José María López Galán, el Juzgado de lo Penal 6 dictó ayer sentencia 'in voce', tras conformarse su cliente con la pena solicitada al final por el fiscal, que acabó calificando la pintada como una falta de daños contra el patrimonio. Cabe recordar en este punto que inicialmente el Ministerio Público había solicitado un año de cárcel y una multa de unos 10.000 euros para el joven, al entender que los hechos constituían un delito contra el patrimonio histórico. No obstante, al final decidió modificar sustancialmente su calificación.

El juicio se tenía que haber celebrado el 17 de junio, pero fue aplazado porque faltaba una prueba pericial importante para determinar si el dibujo de Konrad T. debía ser considerado falta o delito. Se trataba de un informe de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada sobre el daño producido por la pintada de Konrad, que era una especie de firma abstracta en color plateado.

Dicho informe llegó, pero no ha sido determinante, pues no se ceñía al dibujo que el estudiante hizo en la pared, sino que incluía todas las pintadas -que son muchas- que hay en los 175 metros cuadrados de paredes del edificio, tasando el total de los daños en 4.348 euros, sin concretar el ocasionado por el acusado.

El letrado de Konrad T. resaltó que el joven, que tiene 23 años y está en España con una beca Erasmus, no sabía que era un edificio protegido. Es más, creyó que allí estaba permitido hacer grafitis ante la saturación de pitadas que presenta. El abogado siempre consideró que su cliente no había cometido un delito, sino en todo caso una falta de deslucimiento de fachada o de daños. Por lo visto, el convento ha renunciado a ser indemnizado.