Hace siete meses, la Junta de Andalucía estableció dentro del decreto de exclusión social la posibilidad de otorgar a los municipios de más de 20.000 habitantes una ayuda para consolidar el servicio de ayuda a domicilio. En Granada, dicha ayuda ascendía a 751.151 euros.

Para poder recibir esta transferencia, el Ayuntamiento tuvo que llevar a cabo una modificación presupuestaria para la generación de crédito ya que no figuraba incluida en el presupuesto de 2013. Una vez generado dicho crédito, y dado que el Ayuntamiento tenía suscrito un contrato para este tipo de servicios con la empresa Clece, fue necesario también tramitar una modificación del contrato.

En principio, el programa debía desarrollarse durante 5 meses, de agosto a diciembre de 2013, eso sí, con los mismos medios personales y materiales con los que el Ayuntamiento presta los servicios sociales comunitarios. Hasta finales del mes de agosto la Junta había abonado el primer pago, correspondiente al 20% del total ingresando sólo el 40% del total de lo comprometido, explican desde el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Granada.

La dificultad para ejecutar la totalidad de los créditos transferidos antes del 31 de diciembre hizo que el Ayuntamiento solo realizara un gasto de 500.000 euros restando 251,151 euros que, "si la Junta lo impide no será previsible ejecutar", explica el concejal de Bienestar Social, Fernando Egea. "Sin embargo, en el plazo escaso de dos meses podría llevarse a cabo íntegramente beneficiando a más de 500 personas", añade.

A todas estas dificultades el Ayuntamiento de Granada añade que recibieron una carta de la Junta de Andalucía en la que pedía al Ayuntamiento que renunciara a estos fondos. En dicha carta, la directora general de Servicios Sociales reconocía que muchos ayuntamientos le habían manifestado la imposibilidad de ejecutar la totalidad del dinero "debido al escaso margen de tiempo y las dificultades derivadas del proceso de contratación".

"Siendo conscientes de esta realidad, la Dirección General, al objeto de evitar reintegros futuros, ha considerado pertinente arbitrar una fórmula para no materializar aquellos pagos que esa entidad local no pudiese gastar antes del 31 de diciembre de 2013". Y dicen más en la carta. "Para agilizar el proceso, se adjunta un modelo para proceder, en su caso, a solicitar la renuncia del correspondiente importe".

"La Junta reconoce que conoce el problema y que no da tiempo a ejecutar el programa y en vez de facilitar la prórroga tienen el desprecio de exigir la renuncia de los fondos a los ayuntamientos", explicó el concejal de Bienestar Social, Fernando Egea.

Desde el Ayuntamiento de Granada han solicitado por escrito a la Junta seguir ejecutando el programa a partir del 1 de enero de 2014 con los créditos restantes hasta enlazar con el Programa de Consolidación del SAD de 2014, "ya que la Junta de Andalucía ha anunciado recientemente que los presupuestos de 2014 mantienen los importes en políticas sociales, por lo que entendemos que este programa también se ejecutará durante el mencionado ejercicio".

"En caso de no continuar este programa de igual manera debería de permitirse la ejecución hasta agotar lo asignado durante los primeros meses de 2014", añadió.

Dada la situación expuesta, el equipo de gobierno propuso en el pleno instar a la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía a permitir que las entidades locales puedan ejecutar el programa de consolidación del servicio de ayuda a domicilio más allá del 31 de diciembre hasta ejecutar la totalidad de los créditos transferidos a cada una de ellas y, por otro lado pretenden que se consolide este programa para el ejercicio 2014 dando sentido a la denominación del programa.