La Junta exige anular la licencia de la discoteca del Serrallo Plaza

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha enviado al Ayuntamiento de Granada un requerimiento para que declare la nulidad de la licencia municipal concedida para la construcción de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital, concretamente junto al centro comercial Serrallo Plaza.

La Junta pide al alcalde de Granada, José Torres Hurtado, que invalide los acuerdos de la comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo que dieron el visto bueno a este proyecto en 2006. Los responsables de la Consejería del ramo aseguran que estas instalaciones "privadas" serían "incompatibles" con el suelo público en el que se ubican.

A este respecto se pronunció ayer Telesfora Ruiz, como alcaldesa en funciones: "efectivamente hace unos días recibimos este requerimiento y disponemos de un plazo de tres meses para contestar; es indudable que los técnicos competentes en la materia van a analizar ese escrito de la Junta de Andalucía, y les daremos la oportuna respuesta."

Ruiz manifestó la "sorpresa" del equipo de gobierno por que esa solicitud se haya hecho ahora, cuando se trata de un procedimiento público que se inició hace ocho años. Es "curioso" que la Junta solicite ahora que se retire esa licencia después de tanto tiempo; "cuanto menos, me parece una falta de diligencia por parte de los funcionarios correspondientes", aseguró la concejal del Partido Popular.

De acuerdo con Telesfora, "podrían haberlo hecho cuando tuvieron conocimiento" como tiene esta Consejería con su delegación en Granada de "cuantas cosas son importantes" para la ordenación del territorio. Por tanto, "habría que preguntarles por qué consideran este momento más oportuno para dar la noticia", señaló Ruiz, quien se mostró clara: "desde luego, no parecen muy serios", añadió.

Precisamente el pasado mes de febrero la Fiscalía denunció a un promotor inmobiliario y a cinco cargos del área de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada por posible delito contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística en la operación que permitió la construcción de esta zona de ocio.

En principio, según señalaba el fiscal en su denuncia, no existían datos para atribuir estos posibles delitos al alcalde de Granada, dado que tenía delegadas las competencias en materia de urbanismo, ni a la concejal encargada del área, Isabel Nieto, puesto que actuó conforme a los informes técnicos favorables.

Así, la denuncia se dirigía únicamente contra el representante legal de 'Inversiones Área Sur', y los cinco altos cargos de Urbanismo ya mencionados.