La Junta debe más de 200 millones de euros a la Universidad de Granada

El Acuerdo con el Sistema Universitario por Andalucía, firmado ayer en Sevilla por la Junta y las diez universidades públicas andaluzas, entre ellas la Universidad de Granada, establece el compromiso de hacer efectivos los pagos de la deuda reconocida con éstas, incluyendo transferencias urgentes para atender los compromisos pendientes con proveedores. La deuda a corto plazo que soporta la UGR asciende a unos 243 millones de euros, y la mayor parte de esta cuantía corresponde precisamente a la Junta de Andalucía. Esta cuantía coloca a la tesorería de la UGR en una situación crítica en relación al pago a proveedores. Ayer mismo se aprobó en sesión extraordinaria de consejo de gobierno de la Universidad de Granada las cuentas anuales de 2012, que deben ser aprobadas ahora por el Consejo Social.

El presidente de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas y rector de Córdoba, José Manuel Roldán, que intervino en nombre de los diez rectores, solicitó la "ayuda" del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, pues la "grave situación económica" de las universidades demanda una "acción decidida" para continuar fortaleciendo el sistema universitario público.

Según Roldán, "lo que esperamos es una solución con posibilidad de financiación a través de préstamos de bancos europeos que puedan paliar la situación".

El acuerdo firmado ayer por las universidades y la Junta, el octavo que se suscribe en el marco del Pacto por Andalucía, persigue la sostenibilidad económica y el apoyo financiero de las universidades. El débito, según Roldán, se cifraría en unos 100 millones que, según el pacto, debe estar en vías de solución antes de octubre de 2013, informa Europa Press. El acuerdo contempla transferencias "urgentes" para atender la deuda más prioritaria con los proveedores.

Además, se acordó hacer efectivas transferencias periódicas "suficientes" que garanticen un adecuado funcionamiento de las actividades docentes e investigadoras, además de una mayor planificación de la tesorería.

El pacto recoge también el mantenimiento de la política de precios de matrícula -precio único por crédito y nivel mínimo de la horquilla que fijó el Gobierno central- y ayudas a los estudiantes que "corrijan los actuales riesgos de exclusión social", según José Antonio Griñán.

Además, se establece la permanencia del Distrito Único Andaluz, informa Efe, a efectos del acceso a la Universidad, para lo cual los rectores se comprometen a crear pruebas comunes a diferencia del sistema propuesto por el Ministerio de Educación, que permite a las universidades fijar criterios propios de selección de estudiantes.

Por otro lado, Griñán llamó a "frenar el disparate" que, a su juicio, supone convertir las becas en un "premio" o una mera "dádiva a estudiantes con buenas calificaciones" sin tener en cuenta posibles "dificultades familiares, personales y sociales" porque de este modo no se garantiza la "igualdad de oportunidades".