La Justicia que claman los juzgadores

La Administración de Justicia que anhelan los magistrados es bien distinta a la que existe. Creen que es "la asignatura pendiente de nuestra Democracia", que debe de sufrir una auténtica metamorfosis: someterse a distintas reformas que la hagan más independiente, más ágil, más moderna y más eficaz. Así lo han dejado claro en una propuesta tan contundente como minuciosa, elaborada durante la XXI Reunión Nacional de Jueces Decanos de España, un encuentro organizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se celebró los últimos días de noviembre en Vitoria.

En esta importante cita participaron 43 jueces decanos, que representaban a unos 1.800 jueces de órganos unipersonales de todo el país. Uno de ellos fue el juez decano de Granada, Francisco Sánchez Gálvez, que es el titular del Juzgado de Primera Instancia número 11 de la capital y que explicó a este diario que, durante la reunión, "se planteó la elaboración de un dossier de medidas urgentes para la modernización y la resolución de los problemas de la Justicia". Así, se hicieron unas ponencias y se dividió el trabajo en grupos, para finalmente elaborar una propuesta de conclusiones sobre diferentes aspectos de la Administración de Justicia.

Un total de 31 puntos incluye el documento que emanó del encuentro, en el que se considera "imprescindible" que las fuerzas políticas y sociales alcancen un acuerdo nacional de Justicia, en el cual se fijen "las bases orgánicas, procedimentales y organizativas del futuro modelo de justicia".

El primer destinatario institucional de la propuesta es el órgano de gobierno de los jueces: el CGPJ, cuyos vocales y máximos representantes estuvieron presentes en la cita, "pero va dirigida a toda la sociedad y fundamentalmente a las administraciones competentes en Justicia", agregó Sánchez Gálvez.

La radiografía que los jueces hacen del sistema judicial actual es preocupante. Opinan que la Administración de Justicia está "obsoleta, añosa, desnortada y caótica", debido a que los sucesivos gobiernos democráticos "han eludido la necesaria reforma integral del sistema de Justicia", y se han limitado "a intervenciones parciales y muchas veces contradictorias". Junto a ello, como critican, se trasladan a los tribunales en demasía los conflictos que las distintas instancias institucionales y sociales no aciertan a solucionar en otras sedes, "con el efecto perverso de judicialización de toda la vida social, económica y política".

Una de las principales reivindicaciones de los magistrados es el cese del intervencionismo de los partidos políticos en los órganos de gobierno del poder judicial. Exigen que se respete su independencia. "Los jueces seguimos trabajando cada día, seguimos ocupados en nuestros quehaceres, pero existe una determinación muy clara, firme y contundente de poner sobre la mesa la existencia de problemas que no se afrontan desde hace mucho tiempo ni con los recursos suficientes ni con la orientación que nosotros creemos que es correcta", subraya el juez decano de Granada, para quien hay que caminar de una vez hacia "una justicia neutral, independiente y eficaz".

Sobre este punto, el de la independencia judicial, precisamente los juzgadores denuncian que los partidos políticos han tenido como horizonte "más que propiciar que haya una administración de Justicia neutral, independiente y eficaz, crear modelos de juez afines a la ideología de cada cual y un modelo de justicia exactamente igual, orientada ideológicamente hacia los principios que defienden cada uno de los partidos". Este panorama es contemplado por los jueces, según Sánchez Gálvez, "como una desviación del sentido democrático y constitucional de la Administración de Justicia, donde tiene que prevalecer la independencia del poder judicial".

Luego está "el desbarajuste de competencias" que actualmente sufre el sistema judicial, otra de las cuestiones que inquietan a los jueces, pues hace que "los medios materiales y personales que se consumen no se traducen en gran parte en obtener los resultados deseados".

Sobre si existe relación entre el cambio de gobierno y la esperanza de los jueces en que las cosas cambien, el juez decano dejó claro que "sería una contradicción que se estuviese demandando independencia y el resultado de nuestro trabajo estuviese relacionado con un cambio de gobierno". Por eso, insistió en que "las demandas que se hacen en el documento están dirigidas a todas las administraciones, y por lo tanto a todos los partidos políticos, y lo que se pide es que haya un acuerdo nacional sobre las medidas que deben adoptarse".

En cuanto a la posibilidad de que los jueces pudieran ponerse en huelga de nuevo en un futuro, el magistrado granadino recalcó que "lo que ahora se ha intentado mandar es un mensaje de clara determinación de que, para los jueces, estamos en un momento crítico de desmoronamiento del sistema de justicia democrática si se sigue sin tomar las medidas adecuadas". Ha habido momentos anteriores, como recordó, en los que se planteó una situación de conflicto "que no se ha planteado actualmente ni se ha manejado para nada, pero que tampoco se descarta en el futuro".