Granada es una ciudad universitaria y de universitarios. El innegable atractivo de la Universidad de Granada, una de 300 mejores instituciones académicas del mundo, ejerce de imán para miles de personas que quieren completar estudios superiores. Tanto es así que prácticamente la mitad del estudiantado de la UGR es de fuera de la provincia. Según los datos de la última memoria académica, del curso 2021/2022 -la próxima compilación de datos saldrá publicada en unas semanas, con los números de 2022/2023- señala que el 52,8% del alumnado que cursa estudios de grado es de fuera de Granada y un 6,8% procede de otro país. En total, siempre según la memoria, más de 27.000 estudiantes de grado se trasladan a la capital granadina para realizar su formación. Y todos ellos requieren, lógicamente, de un lugar en el que vivir.

En los últimos años ha sido objeto de interés por parte de fondos de inversión la apuesta por residencias universitarias en Granada, con unas 2.000 plazas ya disponibles o que están próximas a incorporarse al mercado. A esta opción se unen los colegios mayores, con unos 3.000 estudiantes alojados cada año, residencias adscritas a la propia UGR -unas 1.200 plazas más- y también el alquiler de pisos por parte de particulares, que dados los números anteriores sobre residencias y colegios mayores, absorben el grueso de la demanda de un lugar en el que residir durante el curso académico. 

Este año universitario será el primero que comience con la nueva Ley de Vivienda del 24 de mayo ya en vigor. Esta norma, según recoge el texto, "busca el establecimiento de una regulación homogénea" en la política de vivienda y marca como "objetivos" contar con una "regulación básica de los derechos y deberes" así como "mejorar la protección" en los arrendamientos, entre otras cuestiones.

En lo que afecta a la búsqueda de piso, trámite que en estos últimos años se ha trasladado de los anuncios en fachadas y farolas a las redes sociales pero que también se sustenta en la labor de las agencias, la nueva norma estatal establece que los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato "serán a cargo del arrendador", señala el texto. Con este enunciado se determina que el estudiante -o su familia- no deben afrontar este desembolso.

En las operaciones de alquiler se debe dar una "información mínima", como la identificación del arrendador y de las condiciones económicas de la operación como el precio total y los conceptos que se incluyan y las condiciones de pago. También se debe comunicar qué servicios e instalaciones tiene la vivienda, tanto individuales como comunes.

Los pagos

Dentro de la disposición final primera se señala que el pago se efectuará a través de medios electrónicos, aunque permite que "excepcionalmente, cuando alguna de las partes carezca de cuenta bancaria o acceso a medios electrónicos de pago y a solicitud de esta, se podrá efectuar en metálico y en la vivienda arrendada".

La fianza

En cuanto a la fianza que habitualmente se abona antes de que comience el curso, cuando se formaliza el contrato, la ley limita a dos meses la fianza que puede exigirse. "Anteriormente, el aval o depósito que se podía exigir no tenía límite de cuantía, por lo que podían darse prácticas abusivas", indican desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Subidas

El documento publicado en BOE también recoge la limitación en la actualización de los precios del alquiler. En el caso de que la renta deba ser actualizada el próximo año entre el estudiante y el arrendador, se podrá negociar la subida, pero con una limitación. El incremento de la renta no podrá ser superior al 3%, señala la nueva ley.

Otros gastos

Sobre los gastos que genera el piso, desde tributos -como el IBI- a cargas o servicios que se deban afrontar, se establece que las partes "podrán pactar" que sean a cargo del arrendatario cuando no sean susceptibles de individualización y correspondan efectivamente a la vivienda alquilada. Ese pacto debe constar por escrito y determinar el importe anual de dichos gastos a la fecha del contrato, establece la normativa que entró en vigor el pasado 26 de mayo, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Precios

Lo habitual entre los estudiantes es compartir piso entre varios para que el coste sea más reducido. En portales especializados se pueden encontrar habitaciones para estudiantes con precios a partir de los 150 euros al mes, aunque son mayoría los que superan la barrera de los 200 o los 250 euros por estancia en piso compartido. El precio asciende notablemente en el caso de que se trate de una arrendamiento en el centro de la ciudad y en estos últimos años, a causa de la mayor demanda y el desarrollo del nuevo campus del PTS, la oferta de pisos para estudiantes se ha extendido a barrios como Zaidín.

La Universidad de Granada cuenta con un servicio de alojamiento en el que se ofertan tanto pisos como habitaciones. El rector, Pedro Mercado, se comprometió en campaña electoral a desarrollar un sello de calidad que velase por las adecuadas condiciones de la oferta de vivienda para estudiantes. Estos alquileres suponen una de las principales partidas económicas que deben desembolsar los universitarios durante su estancia en Granada por estudios. El gasto total medio por estudiante de la UGR para el curso 2018/2019 se estima en 6.532 euros, y el componente más importante del mismo tiene que ver con la vivienda -211 euros al mes de media, más que el promedio destinado a alimentación, con menos de cien euros mensuales-, según el estudio Generación de valor de la UGR en su entorno: análisis de su impacto económico y social, elaborado por un grupo de investigadores de la Universidad de Granada por encargo del Consejo Social de la UGR.