"La educación es el motor de la economía", dice la primera frase del anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, Lomce, que prepara el Gobierno. De esta manera, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, deja clara su visión "economicista" de esta reforma que introduce la gestión empresarial en los centros, que apunta a la creación de colegios de élite, que ampara la educación privada y que pretende el desvío de los estudiantes "con más problemas socio-culturales" hacia la FP. Esta visión más empresarial que pedagógica ha unido en contra a la comunidad educativa prácticamente al completo. Consideran que, al contrario de lo que expresa su título, la Lomce provocará un aumento del abandono escolar temprano.

Y para mostrar su rechazo, la Plataforma en Defensa de la Educación Pública convoca a toda la comunidad educativa de Granada a una manifestación hoy a las 18:30 horas desde los comedores universitarios hasta la Subdelegación del Gobierno en protesta por esta norma.

Uno de los aspectos más polémicos de la reforma, que según Mercedes González, de CCOO, "hay que parar", es la segregación del alumnado en cuarto de Secundaria. Con unos 14 o 15 años, los alumnos tendrán que elegir si continúan por la vía que les lleva al Bachillerato o la FP. Pero no sólo bastará con tomar una opción, que no tiene marcha atrás. También tendrán que pasar una reválida realizada por una empresa externa, y no por los propios profesores.

"Es una ley anti-educación porque no se ha hecho con filósofos, docentes o pedagogos sino que impone el modelo productivo de las empresas al sistema de forma que se aplica, entre otros, los criterios de productividad. Y la Educación no puede estar al servicio del modelo productivo", explicó ayer Arianne Arons, de Ustea.

"Ya está bien de cambios de leyes con cada político. Lo que hace falta es un pacto de Estado. Esta Ley tiene un marcado carácter ideológico", dijo José Carlos García, de UGT Granada. Ascensión Cano, de CGT, se muestra en contra de la ley porque "no mejora la calidad".

Según los expertos, las pruebas que tendrán que pasar los alumnos sólo mirarán los contenidos aprendidos, pero no el desarrollo integral del alumno dentro del aula, lo que "frustrará a los alumnos" y quitará potestad al docente, que es el que "mejor conoce cómo van sus alumnos", matizó Arons.

También consideran estas pruebas y sus resultados públicos como una forma de clasificar al alumnado, a los centros y al profesorado. De esta forma, creen que no se contemplan medidas para rebajar el fracaso escolar sino para echar a los alumnos del sistema sin forma de reingreso.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, destaca en su último informe que la segregación temprana de los alumnos eleva el fracaso escolar y recomienda "una educación comprensiva hasta los 16 años". En cuanto a las evaluaciones externas y reválidas, la Lomce plantea dos en Primaria, una en tercero de la ESO, otra en cuarto y otra a final de Bachillerato. También introduce la posibilidad de que cada universidad pueda fijar su procedimiento de admisión.

Tanto sindicatos, como padres y estudiantes coinciden en subrayar que esta nueva ley se ha gestado de espaldas a la comunidad educativa, sin contar con ningún tipo de debate previo y, mucho menos, consenso. También critican que el nuevo texto cambia el derecho de la educación para todos por un bien, que se puede tener o no.

Para la Coordinadora Sindical Estudiantil, esta ley "convierte un servicio público como es la Educación en un negocio". "Yo no sabía que la Educación tenía que ser rentable, sino de calidad", apuntó Rubén Osuna.

La plataforma Marea Verde denuncia también los efectos que tendrá la norma en el profesorado, "que tendrá que impartir asignaturas que no son suyas, con más alumnos y por tanto con menos calidad", aseguró Miguel Novo.

Todos coinciden en que el texto supone "desmantelar" el sistema educativo actual.

Las asociaciones de padres aseguran que la intención de esta ley es responder a lo que los mercados demandan, educar a trabajadores y no a ciudadanos. Esta reforma abre la puerta para echar a los estudiantes a los 14 años y considera que se van a encontrar en la calle con un alto grado de alumnos desviados hacia la FP básica y sin obtener el título de Secundaria.

Otro de los aspectos polémicos de esta reforma es el aumento de poder de los directores de los centros. El director estará elegido a dedo por la administración y tendrá potestad para elegir los perfiles pudiendo desechar a los interinos de la lista en la que están ordenados por méritos.

Uno de los pilares básicos es el profesorado y este sector se ve especialmente "atacado" por esta ley puesto que "cambian para peor las condiciones laborales" y además, ampara el despido del profesorado. Este año se han perdido ya 50.000 puestos docentes en España.

Aunque también puede haber puntos positivos en la reforma, como el aumento de horas lectivas en las materias instrumentales, como Lengua y Matemáticas. La FP dual, con menos horas lectivas y más prácticas en empresas, heredera del modelo alemán puede funcionar en España. El consejo escolar será un órgano consultivo pero no decisivo.

Pero todos coinciden en que sin financiación poco se puede mejorar. El Gobierno ya ha recortado 4.000 millones este año y prevé un 14% más de reducción para 2013.