Malagueño de nacimiento, granadino de formación, Miguel Ángel Fernández Rodríguez, investigador del Departamento de Física Aplicada en la Universidad de Granada, está a punto de completar un máster (de esos que da la vida) en comercialización y salto de obstáculos. Es una de las cabezas visibles del proyecto Libremask, desarrollado por el movimiento ciudadano Coronavirus Makers y que aspira a evitar contagios y, por lo tanto, salvar vidas en los hospitales.

El movimiento Coronavirus Makers se fajó en las primeras semanas del estado de alarma en el desarrollo de respiradores. El Covid puso patas arriba al sistema sanitario y se evidenció la necesidad de este tipo de material. Luego estalló la crisis y con ella se hizo noticia la falta de material de protección entre los propios sanitarios. Fernández –que ahora trabaja en la UGR con una beca Juan de la Cierva tras una Marie Curie en la Universidad de Barcelona– quiso aportar su experiencia como investigador en el área de las nanopartículas.

Las necesidades materiales llevaron a pensar en cómo aprovechar los recursos disponibles y, con una mentalidad propia de tiempos de guerra, estos creadores diseñaron una mascarilla de silicona para sanitarios de UCI y Emergencias –expuestos a un riesgo muy alto de contagio– que fuera totalmente fiable. La idea se llevó a la práctica, se testó en la Universidad de Granada y en las instalaciones del centro de investigación Iavante, en el PTS. Ahora, con la certeza de que se trata de un recurso que puede ser de gran utilidad en la lucha contra la pandemia, se trabaja en la certificación.

Mascarilla Libremask.

Esta mascarilla usa filtros desechables y de uso habitual en los hospitales, que se pueden encontrar en respiradores y que no escasearon durante las peores semanas de la pandemia. Se ajusta a una máscara y ésta, a su vez, cubre parte de la cara. 

El obstáculo para su donación inmediata a hospitales o su venta es que le falta la certificación como EPI. Las entidades que pueden certificar son Aenor, CNMP o Aitex, explica Rodríguez a través del teléfono. “El problema es el dinero”, añade el investigador de la UGR. El segundo molde, costeado por Tecnasa, tuvo un coste de 5.000 euros. El tercero, desarrollado con la ayuda de Plastic Ocean, 4.000. “Ahora la certificación no va a bajar de los 10.0000” euros.

Una vez que se consiga la certificación será el momento de la producción de estas mascarillas. Para ello ya han contactado con empresas de inyección de caucho que están interesadas, aunque éstas, a su vez, deberían certificarse para garantizar que el producto que ofrecen tiene las máximas garantías. 

Ahora, para lograr la certificación obligada antes de entrar en los hospitales debe ir a nombre de una persona o entidad, y se necesita licencia para distribuir el material médico. El grupo está haciendo trámites en todas las administraciones públicas, instancias y centros de investigación para tratar de agilizar la certificación.

Su seguridad y estanqueidad se han probado. “Nueva, la tasa de filtrado es el 99,9%”, reseña el investigador. Más eficaz que una FPP2. Tras una prueba de resistencia de cinco horas (con uso intenso, que incluyó media hora en bicicleta), el filtro ofrece una tasa de eficacia del 99,67%. En las pruebas se ha seguido el protocolo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para los trabajos científicos relacionados con la pandemia. En el laboratorio se generó un aerosol de cloruro sódico (sal de mesa) de 300 nanómetros y tras la mediciones se determinó la buena respuesta del filtro, la parte desechable de la máscara. “Aguanta”, destaca Fernández sobre las propiedades de la mascarilla, que podría prevenir gracias a su capacidad para frenar a las pequeñas partículas infecciones en lugares especialmente sensibles como son los centros sanitarios.

Las pruebas se realizaron en el Departamento de Física de la Atmósfera de la Universidad de Granada gracias a la colaboración del investigador de la UGR Lucas Alados Arboledas, con quien el grupo contactó antes del verano. En las mismas se analizó también la capacidad de filtrar de elementos como una bayeta de cocina, un gorro sanitario y una gamuza atrapapolvo.

En el Iavante, gracias al director de la Oficina de Transferencia de Tecnología del Sistema Sanitario Público de Andalucía, Javier Montero, se pudo hacer uso de la sala blanca y el material que a su vez también empleó el internista Luis Peñas (experto en ventilación mecánica) en sus pruebas. En este laboratorio, entre otras investigaciones, se avanzó en el desarrollo de los respiradores andaluces de las universidades de Málaga y Huelva, uno de los proyectos más destacados en los meses posteriores al decreto de estado de alarma.

El equipo sueña con que su mascarilla de UCI fuera un proyecto europeo y que las empresas que han ayudado a diseñarla, como Eyser Hidráulica, Coeca y Tecnasa, obtuvieran licencia para desarrollarla en el mercado.

Los pasos hasta llegar hasta aquí han estado marcados por la pandemia. El proyecto comenzó cuando se estaba en pleno estado de alarma, con la movilidad totalmente restringida y un horizonte incierto. Han pasado los meses, se superó la desescalada y Granada está inmersa en un nuevo estado de alarma, con negocios cerrados, movilidad limitada y petición desde la Junta de restringir al máximo la vida social. Con este panorama, Fernández apuesta por el proyecto. “Entendemos que debe avanzar”.

“Nos encontramos con la barrera de las licencias”, unos trámites que el investigador cree que están bien, pero para “tiempos de paz”. “No vamos a parar”, zanja.