La Lomce Otra ocasión fallida para el consenso

Una ley que no contenta a nadie o a muy pocos. La aprobación la semana pasada en el Congreso de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) -contra la cual se han convocado dos huelgas generales en la enseñanza y un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte de la Junta de Andalucía- ha dejado patente una carencia en el sistema educativo español que sus representantes llevan denunciando hace años: la necesidad de alcanzar un pacto del que nazca una normativa que perdure en el tiempo y no esté sometida a los vaivenes políticos en el Ejecutivo. En dicha exigencia es en lo que coinciden todos los implicados en el sistema: sindicatos, padres, docentes, alumnos... pero parece que ahora va a ser difícil de conseguir. Ya con el PSOE y siendo ministro Ángel Gabilondo se estuvo a punto de alcanzar el pacto por la Educación, pero se rompió finalmente.

Los puntos sobre los que hay debate son muchos, pero quizás hay algunas cuestiones fundamentales en las que hay diversidad de opiniones según el sector.

Entre los derechos que prioriza la nueva normativa se encuentra el de la libertad de enseñanza, en función de la cual la oferta de plazas se configurará con la obligación de garantizar a todos los ciudadanos en edad escolar una vacante, aunque ésta no tenga por qué ser ya pública, lo que otorga un gran margen a la conciertos. Para los sindicatos, este cambio hará que la educación pública se quede como "subsidiaria" porque en esa planificación en función de la demanda se tendrá que atender a todos los que solicitan plaza en un concertado, eliminando por tanto los números clausus que ahora se imponen.

"Lo que no puede hacer la administración es que las plazas sean de elección personal, lo que generaría discriminación y dejaría centros públicos semivacíos que se convertirían en guetos. En la concertada se harán filtros seleccionando por nivel y creando por tanto un ranking de centros", asegura el responsable de Educación de CCOO, Diego Molina, que ve en este punto uno de los más "inoportunos" de la ley. Además, asegura que si se aplica tal cual la norma con este cambio de distribución de las plazas, se tendrá que cambiar la financiación, algo en lo que también están en contra. Lo que temen es que una mayor competencia en la distribución de recursos y en el aumento de los conciertos con centros privados pueda conllevar a la larga a una pérdida de plazas de profesores en la enseñanza pública.

Por contra, para la Federación Católica de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, Fecapa, la Lomce, aunque "insuficiente", es un "paso adelante" en puntos como este de las plazas. Según su presidente, Pablo Luque, es en los concertados donde siempre hay un exceso de demanda, por lo que consideran obligatorio que se adapten las plazas a la oferta y la demanda. "La solución no es como hasta ahora de decirle a un padre que lleve a su hijo a un público porque no hay plazas en la privada". Lo que piden es que se aumenten las unidades en estos centros en función de las solicitudes que se reciben. "En Andalucía no se abren más unidades si no es porque se ha ganado en los tribunales y eso no puede funcionar así", reclamó.

Desde los centros concertados se asegura que la Lomce no recoge ningún cambio en la financiación de la enseñanza concertada, que actualmente es "insuficiente", lo que obliga a los propietarios de dichos centros a acudir a las "donaciones voluntarias de padres", por lo que se incumple la gratuidad educativa.

También está sobre la mesa el hecho de que los concertados y privados, con mayores medios para atender a los alumnos, usen las reválidas que fija la ley para seleccionar a los alumnos con brillantes resultados y extender la idea de que la calidad de este tipo de enseñanza es mejor. Las pruebas externas se realizarán al acabar Primaria, ESO y Bachillerato, aunque sólo en las dos últimas, si se suspende, el alumno no podrá pasar de etapa educativa ni lograr la titulación correspondiente.

"La reválida será una forma de hacer filtro de alumnos y finalmente un ranking de centros, con lo que meten a la educación en un concepto mercantilista", puntualizó Molina.

Para José Carlos García, de UGT, uno de los puntos negros de la ley es la reválida y la evaluación a temprana edad de los alumnos, "que desviará a otro tipo de formación a los que no la pasen retirándolos del sistema educativo".

Respecto a la intención que persigue el Gobierno de frenar por parte de las comunidades la dispersión de contenidos en las materias troncales (Biología y Geología, Física y Química, Geografía e Historia, Lengua, Matemáticas e Idioma Extranjero) fijando un porcentaje mínimo que establecerá el Estado, CCOO lo califica de intromisión ya que los contenidos mínimos ya estaban fijados y acordados y el debate superado. "Era un tema superado ya y ahora se vuelve a generar el debate porque las autonomías lo ven una intromisión en sus competencias" ya que las decisiones educativas están transferidas a las autonomías. En todos los países europeos (con sistema federal o centralista) existen unos mínimos contenidos comunes que garantizan la igualdad entre los ciudadanos y la libertad de movimiento de los alumnos. El problema puede radicar en la interpretación que de esos contenidos puedan hacer profesores ideologizados.

Uno de los cambios curriculares de la Lomce es la eliminación de la polémica asignatura Educación para la Ciudadanía y la recuperación de la alternativa a la Religión, que se llamará Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria. En este punto la diferencia es notable entre sistemas educativos.

Según Luque, de la federación católica de padres Fecapa, este cambio es fundamental para los centros concertados ya que se respeta la opción ideológica. Por contra, los sindicatos consideran que este aspecto es el que carga de ideología a una norma que rechazan.

Otra novedad que introduce la Ley Wert es la libertad que se otorga a los alumnos para que en tercero de la ESO (14 años) elijan asignaturas optativas dirigidas a la FP o al Bachillerato. El delegado de la asociación de directores de institutos de Andalucía (Adian) Pedro Arias, estima que un estudiante con esa edad "si está bien orientado por el centro escolar y apoyado por la familia, puede configurar su itinerario formativo". Las opiniones en contra aseguran que detrás de esta iniciativa "subyace la idea de acabar con la educación inclusiva". Consideran que a esa edad se les debe permitir equivocarse y no jugarse el futuro a cara o cruz.

En cuanto al profesorado también va a traer cambios. Según Germán Girela, responsable de Educación en CSI.F, "lo que antes era una medida excepcional por la situación económica ahora se regulariza, como el aumento horario o el incremento de la ratio, lo que afecta a los docentes". Otra cuestión que critican desde la central sindical es que los directores de los centros "puedan elegir a sus equipos en función del perfil curricular, lo que afectará a la movilidad de los profesionales".

Las discrepancias, no obstante, encuentran un punto de unión en la conclusión sobre esta ley. Todos coinciden en apuntar la necesidad de lograr un pacto educativo. Diego Molina asegura que el pacto es "esencial" aunque lo ve "complicado" por la actitud mantenida por el Gobierno del PP. "El pacto es necesario para que las leyes no estén a merced del Gobierno de turno. De hecho, la oposición ya ha anunciado que la derogará e impondrá otra si llega a gobernar" y vuelta a empezar. "Tenemos que ceder todos pero participar para conseguir el consenso". Sobre la necesidad de un pacto también se ha pronunciado la Federación de Asociaciones de Padres de Granada, Fampa Alhambra. Su presidenta, Silvia Alcalde, asegura que la opción es elaborar una ley "consensuada" que perdure en el tiempo y sobre la que se hagan cambios puntuales para adaptarla pero lo que no comparte es que se hayan implantado ya siete leyes en la Democracia.

Desde CSI.F consideran que una ley que nace sin consenso es "difícil que traiga progreso", por lo que reclaman al Gobierno que propicien ese pacto por la Educación. UGT entiende que el principal problema de la ley es también la "falta de consenso". "Se ha perdido esa posibilidad y aunque haga falta una ley educativa no se puede hacer de esta forma y más con la oposición anunciando que se cambiará nuevamente", dijo Girela. Fecapa también reclama un consenso y un pacto por la Educación. "No se trata de imponer sino de dialogar", sentenció Luque.

Tanto Fecapa como Fampa-Alhambra coincidieron también en criticar el papel en el que quedan las asociaciones de padres con la nueva ley ya que el consejo escolar, el único medio en el que tienen presencia, pasará a ser un órgano meramente consultivo.