La fosa de Lorca no se abrirá hasta saber si la Audiencia es competente

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no se pronunciará sobre uno de los aspectos de la causa que ha despertado más polémica -la apertura de la fosa común en la que están enterrados los restos del poeta Federico García Lorca- hasta que resuelva sobre la competencia de la Audiencia Nacional para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil española, según se desprende de la providencia.

Los familiares del que fuera maestro de Pulianas Dióscoro Galindo y del banderillero Francisco Galadí, supuestamente enterrados en la misma fosa común con Lorca, presentaron el pasado día 12 en la Audiencia Nacional una demanda para poder recuperar los restos de sus antepasados.

Frente al silencio de los herederos de Lorca, "que ha primado siempre", los Galindo y los Galadí confían ahora en una "salida legal" que les sea favorable y permita la exhumación, según indicaron entonces en declaraciones a los medios.

Después de varios años pidiendo la exhumación de los restos de los cadáveres enterrados en la fosa, las familias pensaron que ésta era la oportunidad de que su deseo se hiciera finalmente realidad gracias a la intervención del juez Garzón.

Sin embargo, el juez indica ahora a las familias que éste no es el momento procesal oportuno para tomar esta decisión y especifica que deberán esperar a que la causa sea admitida a trámite o no por su Juzgado. "No ha lugar a proveerse sobre la petición en tanto no se resuelva sobre la competencia", especifica Garzón en su providencia que fue hecha pública ayer.

La nieta del maestro republicano, Nieves Galindo, defendió tras presentar la demanda que esta solicitud es su "última salida" tras muchos años reclamando la exhumación. En todo ese tiempo, "ha ganado" la oposición de la familia del escritor a buscar la fosa pero ahora "tendrá que ser al revés", mantuvo Galindo

El juez Baltasar Garzón ha decidido ampliar su petición de información para la elaboración del censo de muertos y desaparecidos durante la Guerra Civil después de que el director del Archivo General de la Administración contestara a su la primera petición del magistrado que los datos que le había reclamado se encontraba en fondos documentales de varias instituciones estatales distintas.