Maite Molina sobre el tuitero neonazi: "No se trató de un calentón ideológico"

Usar las redes sociales para tratar de amenazar a alguien es, a todas luces, un acto reprobable y, en opinión del abogado de la ex concejal de IU en el Ayuntamiento de Granada Maite Molina, un hecho muy grave que merece un reproche penal. Por eso, el letrado, Alfredo Ruiz, solicitó ayer la condena de un asturiano que, en 2012, profirió en Twitter presuntas amenazas contra la edil, que ayer admitió en el juicio haber sentido miedo, dado el símbolo que el joven tenía como imagen de perfil: la esvástica nazi.

El tuitero no acudió a la vista, que se desarrolló en la sala del Juzgado de Instrucción 8 de la capital, pero había remitido al juzgado un escrito de alegaciones que fue leído por el magistrado. En él, el joven reconocía expresamente los hechos y pedía "expresas disculpas" por los comentarios que hizo contra la exconcejal, a la que llegó a decir que podía verse "enterrada en cal viva". Junto a ello, el tuitero alegaba que todo habría prescrito y recordaba que si al final se considerase una falta habría que aplicar la reforma del Código Penal del pasado 1 de julio, que despenalizó las faltas. Además, consideró que la calificación de su conducta era "errónea", pues "no" se dirigió amenaza "alguna" contra la política.

Tras escuchar estas alegaciones, se preguntó a Molina si mantenía la denuncia y su respuesta fue afirmativa. Durante su interrogatorio, la ex edil fue contundente y aseguró que "no hubo ningún calentón dialéctico ni ningún tipo de debate con este sujeto" en el que enmarcar sus comentarios. Explicó que estaba trabajando en casa y hablando por Twitter con un compañero de su grupo municipal cuando el denunciado, José Luis D.R., irrumpió "automáticamente" con "las amenazas". Ante ello, la concejal hizo una captura de pantalla y acudió a la Policía a denunciar. Unos días después, según añadió, fue suplantada su identidad y creado un perfil en el que se decía que era "de la concejal chupapollas de Granada".

Para el abogado de Molina los hechos constituyen una falta de amenazas, por la que solicita una multa de 900 euros, o un delito leve de amenazas, por el que pide una multa inferior: de 200 euros.

En su informe final, Alfredo Ruiz consideró que el perdón pedido por el tuitero constituye en realidad "una estrategia procesal más que un arrepentimiento". Recordó que la esvástica de su perfil muestra que es un "simpatizante de la ideología nazi" y que, gracias a la investigación realizada por la Policía "obran pruebas suficientes cobre cuáles son sus opiniones contra negros, homosexuales y mineros".

El letrado consideró en este punto muy grave que se usen las redes sociales "para difundir una ideología que atenta contra los derechos humanos", algo que a su juicio debe ser "reprimido" por la ley. En cuanto a la posible prescripción alegada por el denunciado, la rechazó recordando que los hechos se remontan a 2012 y que "nunca se ha producido una paralización del procedimiento".

El caso quedó visto para sentencia. El desenlace se conocerá en unos días.