El planteamiento de la municipalización de Inagra por parte de Vamos Granada coincide en el tiempo con que en la vecina ciudad de Málaga, el alcalde Francisco de la Torre (PP), anunció su intención de que el Ayuntamiento asumiera en próximas fechas la gestión de Limasa, la empresa de servicio de limpieza integral que opera en la capital de la Costa del Sol.

Los motivos que adujo el edil popular fueron la mejora de la productividad y el ahorro que provocaría en las arcas municipales, cifrado, dependiendo de la fuente a la que se consulte, entre los tres millones del balance más pesimista a los 15 millones del más optimista. También estiman fuentes del Gobierno de Málaga que uno de los ahorros más significativos con la municipalización de su empresa de limpieza estaría en la exención del pago del IVA, cifrado en 8 millones de euros.

El caso de Limasa es, en cierta medida, diferente al que podría producirse en el caso de que el Ayuntamiento optase por convertir en municipal Inagra. El Consistorio granadino solo controla el 20% de la compañía, cuyo entramado está prácticamente controlado al completo por la multinacional de infraestructuras Ferrovial. En Málaga, El Ayuntamiento forma parte del accionariado de Limasa en un 49%, un porcentaje no mayoritario pero lo suficientemente importante como para influir de forma más activa en las decisiones de la compañía. De hecho y en la práctica, el Consistorio malagueño lleva desde 2003 gestionando su servicio de limpieza, por lo que ese proceso de municipalización no sería tan traumático como podría serlo en Granada.

La propuesta de Francisco de la Torre cuenta con el apoyo de una parte de su partido y de la oposición, pero choca con Ciudadanos, sus socios de Gobierno, que amenazan con romper su pacto. El principal punto de fricción están siendo los trabajadores. El alcalde pretende que los salarios de vinculen a la productividad, punto que desterró el último Pleno de Málaga. Y es que uno de los motivos que subyacen en la decisión del edil malacitano parte de la invalidación de los recortes que sufrió la empresa, declarados ilegales por el Tribunal Supremo.