Los miles de turistas que paseaban ayer por el recinto monumental de la Alhambra lo hacían ajenos a la tormenta que se desató a primera hora de la mañana cuando la directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar Villafranca, y otros tres altos cargos de la institución declararon ante la Policía Judicial en calidad de detenidos por el caso de las audioguías. Fuera de la sala de prensa del Palacio de Carlos V, el de ayer era un jueves como otro cualquiera. Pero dentro el ambiente era funerario. La conmoción ante unos hechos que ponen en el ojo del huracán al monumento y a la reputación de sus máximos dirigentes se podía leer en la cara de cada uno de los trabajadores del Patronato que acompañaron a María del Mar Villafranca en su comparecencia ante los medios.

Apenas unas horas después de salir de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, la directora de la Alhambra convocó una comparecencia urgente para aclarar los términos en los que se produjo su declaración. Porque, según aseguró ayer Villafranca, al llegar a las dependencias policiales -respondiendo a una citación que se produjo el miércoles por la tarde y que se extendía a la secretaria general de la Alhambra, Victoria Chamorro, al contable, José Visedo, al interventor de la Intervención General en el monumento y a un empresario-, ninguno de los responsables del Patronato sabían que lo hacían como detenidos.

Las detenciones se enmarcan en la investigación que mantiene abierta la Fiscalía Provincial de Granada desde el pasado mes de enero a raíz de una denuncia sobre presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio de alquiler de audioguías de la Alhambra. La investigación, que se basa en un informe realizado por la Agencia Tributaria, apunta a un posible tráfico de influencias en el concurso, que habría sido renovado por el Patronato a pesar de las irregularidades detectadas, relacionadas con la modificación de las cláusulas del canon anual fijo y variable sobre la facturación del servicio.

En el marco de esas diligencias de investigación, la Policía Judicial apuntaba a la existencia de indicios de delito de tráfico de influencias y otros de apropiación indebida, contable, malversación y prevaricación. Tal y como publicó en su día el diario El Mundo los hechos investigados se remontan al año 2007, cuando el Patronato adjudicó a la empresa GTP el servicio de alquiler de audioguías. Aunque la adjudicación de concedió con una oferta consistente en un canon fijo de 77.000 euros más un 47% de la recaudación anual por dispositivo, el contrato firmado finalmente rebajó el canon anual a 33.000 euros y el variable, al 15%. Según apuntaba la Fiscalía, esos nuevos términos del contrato -que la empresa atribuyó a un "error de transcripción"- fueron corregidos en 2011 y el adjudicatario intentó regularizar la situación abonando cantidades en efectivo superiores a 530.000 euros, justo antes de que venciera el contrato. Un contrato que, pese a todo, fue renovado en 2011, lo que llevó al Grupo de Delitos Económicos de la Policía Judicial, según la información del diario, a concluir que había indicios de un presunto delito de tráfico de influencias e incluso una "licitación irregular".

Esta renovación y el hecho de que se permitiera durante varios años el pago de unas cantidades que no eran las estipuladas en la oferta inicial también llevaron a la Fiscalía a apuntar la posibilidad de que existieran "contactos estratégicos" del adjudicatario con la cúpula del Patronato y una "deficiente gestión" por parte del organismo dependiente de la Junta de Andalucía. Además, se apunta a la posibilidad de que los dispositivos se alquilaran con sobreprecio y a notables irregularidades en la justificación de los tickets.

La supuesta malversación de fondos y fraude económico del caso que investiga la Policía Judicial, según concretó ayer el subdelegado del Gobierno, Santiago Pérez (PP), podría ascender a 5,5 millones de euros.

Tras salir en libertad -Villafranca aseguró ayer que no se le habían comunicado los posibles cargos que se le podían imputar, aunque Santiago Pérez apuntó que se encontraba en libertad con cargos-, la directora de la Alhambra defendió ante los medios su gestión al frente del monumento y la "transparencia" de todos los contratos que realiza el Patronato. "Hemos actuado como siempre con transparencia y sentido de la responsabilidad. El contrato, como muchos otros, puede tener incidencias, pero nunca de carácter penal", indicó María del Mar Villafranca, que subrayó que todos los contratos tienen informes del letrado y del interventor de la Alhambra.

La directora del Patronato, que aseguró que no tiene "nada que ocultar" y recordó que no hay ni auto de la Fiscalía ni judicial, lamentó la actuación de la Policía, que no consideró "correcta". "Hemos sentido conculcados nuestros derechos constitucionales. Lo mínimo que tiene que saber un ciudadanos es a lo que va", apuntó Villafranca, que indicó que pensaba que había sido citada para aclarar algún aspecto de la documentación que ha remitido a la Policía Judicial y que fue al llegar cuando supo que declaraba en calidad de detenida, para lo que fue asistida por un letrado de la Junta de Andalucía.

En todo caso, la directora de la Alhambra defendió que "por encima de todo" está su presunción de inocencia y su trabajo de más de 11 años al frente del Patronato, por lo que anunció que si finalmente la investigación acaba en el juzgado y es imputada, pondría su cargo a disposición de sus superiores. "Nadie me va a tener que presionar", concluyó.

Una vez culminadas las diligencias de investigación penal, estas pueden desembocar en un decreto de archivo o en una denuncia penal ante los juzgado contra las personas que finalmente se consideren responsables de los delitos que se investigan.

Fuentes del Ministerio Fiscal consultadas por este diario explicaron que la Fiscalía tiene para sus investigaciones un plazo de seis meses, el cual, en este caso, estaría a punto de concluir, por lo que el decreto de la Fiscalía sobre la suerte que correrá este asunto se dará a conocer previsiblemente "en los próximos días".

En caso de que la Fiscalía decida finalmente llevar el asunto a los juzgados denunciando a todas o a algunas de las personas que ha investigado y pidiendo su imputación, su denuncia iría a reparto y sería un juzgado de Instrucción de la capital el órgano que se haría cargo de investigar ya judicialmente los hechos, incoando unas diligencias previas, o lo que es lo mismo, una causa penal.