El caso Marchelo, que se sigue por presunta corrupción urbanística en Alhendín, ha dado marcha atrás. Cuando la causa judicial se encontraba ya en la fase de preparación del juicio oral, la Audiencia de Granada ha ordenado que regrese a la fase de instrucción para que se practiquen algunas pruebas más.

La resolución de la Audiencia granadina, a la que ha tenido acceso Granada Hoy, dispone este "retorno" a la fase de investigación de los hechos casi tres años después de que que el juzgado instructor la diera por concluida. Se trata de un auto dictado el pasado 22 de junio por la Sección Segunda, que estima en parte el recurso de apelación que interpuso el Ayuntamiento de Alhendín contra la decisión del órgano instructor de transformar las diligencias previas del caso en procedimiento abreviado, y pasar así a la fase de calificaciones. En dicha fase es cuando las partes del proceso hacen sus escritos de acusación, en los que enumeran los posibles delitos que aprecian en la conducta de los imputados y solicitan las penas de cárcel o multa correspondientes de cara al juicio.

Lo cierto es que, tal y como han confirmado a este diario fuentes del proceso, hasta la fecha ninguna de las acusaciones del caso Marchelo había calificado los hechos, precisamente porque permanecían a la espera de la respuesta de la Audiencia a éste y otros recursos.

Las referidas fuentes vaticinaron que este regreso a la fase inicial de la causa, en la que hay una quincena de imputados entre los que figura el ex alcalde de Alhendín José Guerrero (PP), no será por mucho tiempo, pues a lo largo de estos casi tres años se han practicado una serie de "diligencias complementarias" con las que ya prácticamente estaría agotada la investigación y que han sido convalidadas por la Audiencia.

La Audiencia destaca que el juez dio por finalizada la instrucción el 21 de octubre de 2009, pese a que unas semanas antes -el 25 de septiembre de 2009- ella misma había ordenado que se practicara "una concreta diligencia de investigación en torno al Ministerio de Defensa que había sido rechazada por el juzgado". La sala quería con esa prueba descartar "posibles acciones ilícitas perpetradas" por dos de los imputados por presunta "vulneración de las limitaciones impuestas por la servidumbre aérea de la Base Aérea de Armilla".

Para el tribunal, se pasó a la fase de calificación sin que estuviera "todavía completada la instrucción ni suficientemente investigados los hechos sobre este extremo" de la servidumbre aeronáutica. Prueba de ello, es que la nueva juez titular -el juzgado de Instrucción número 2 de Santa Fe ha cambiado de magistrado en este tiempo- acordó en agosto de 2010 "practicar todas las diligencias" que solicitó a posteriori el Ministerio Fiscal, tomándolas "como diligencias complementarias imprescindibles para formular acusación".

De este modo, la Audiencia da parcialmente la razón al Ayuntamiento de Alhendín, que ejerce la acusación popular en el proceso y que consideraba que la investigación de los hechos no se había agotado. El Consistorio veía "prematuro" que se comenzara a preparar el juicio sin esperar a que la propia Audiencia resolviera distintos recursos que las partes habían ido presentando contra denegaciones de prueba.

El caso Marchelo se destapó en 2007 y se sigue por posibles delitos de prevaricación administrativa, contra la ordenación del territorio, negociaciones prohibidas a funcionarios y cohecho. Están imputados, además del ex alcalde popular del municipio, tres de sus ediles -entre ellos el de Urbanismo- y el arquitecto municipal, así como varios empresarios, entre los que figura el promotor de la urbanización Novosur. La investigación penal se ha centrado en cinco asuntos: el parque empresarial Marchalhendín, la urbanización Novosur, la supuesta vulneración de la servidumbre aérea de la Base Militar de Armilla, la tramitación de la gasolinera en terrenos del ex alcalde y el parque municipal-mercadillo de la localidad.