El Colegio Oficial de Médicos de Granada, el de Psicólogos de Andalucía Oriental y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada han emitido hoy un comunicado conjunto en el que se defienden de las acusaciones recibidas por el caso Infancia Libre argumentando que el diagnóstico que realizan sus profesionales a menores en situación de riesgo "no determinan hechos probados".

Esto significa que los informes técnicos que elaboran no determinan que un juzgado tenga que condenar o adoptar medidas respecto de un menor en base exclusivamente a los informes emitidos.

Todos los colegios recuerdan que que los profesionales de estos colectivos que detecten una situación de maltrato, de riesgo o de posible desamparo de un menor "tienen la obligación legal y ética de comunicarlo a la autoridad o a sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarles auxilio inmediato".

"Queremos dejar constancia de que es obligación legal y ética de los profesionales la elaboración de informes, la intervención multidisciplinar y especializada, la comunicación de cualquier situación de riesgo, así como la atención inmediata acorde con la normativa consolidada y los protocolos existentes en materia de situación de maltrato, de riesgo o de posible desamparo de un menor”, han expuesto en el texto.

También han recordado que sus obligaciones profesionales "no pueden verse condicionadas por consideraciones externas que perjudiquen la atención al menor". Según explican en el escrito, estas actuaciones "se realizarán con la debida reserva, y evitando toda interferencia en la vida del menor".

"La intervención con menores se realiza con un equipo técnico multidisciplinar, en la que el interés superior del menor se efectúa por profesionales cualificados y especializados", señala otro párrafo del comunicado.