Los afectados de Medina Elvira recurren al Supremo para que se repita el juicio a Víctor Sánchez

La acusación ejercida por varias organizaciones de la sociedad civil granadina pidió ayer en el Tribunal Supremo (TS) que el exalcalde socialista de Atarfe, Víctor Sánchez, sea juzgado por prevaricación urbanística en la construcción del complejo Medina Elvira Golf en una zona protegida.

El TS celebró ayer el recurso de esta acusación contra la decisión de la Audiencia de Granada, que archivó la causa por su estado de salud contra Víctor Sánchez, para quien la Fiscalía pedía siete años de cárcel y veinticinco de inhabilitación. Asimismo, la acusación ha recurrido la sentencia que absolvió al promotor inmobiliario Maximiliano Balboa, y al secretario y al arquitecto municipales en el momento de los hechos. Estos se enfrentaban a peticiones de pena de la Fiscalía de entre dos y cuatro años de prisión. No obstante, el fiscal no ha mantenido la acusación ante el Supremo.

El letrado de la acusación, Carlos Castresana, pidió que se repita el juicio para que sea juzgado Víctor Sánchez y para que declare por videoconferencia si su estado de salud le impide personarse en la Audiencia y que vuelvan a sentarse en el banquillo los tres absueltos. Previamente además pretende que se les ofrezca poder ejercitar acciones, lo que no se hizo en la vista celebrada, al Estado, a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de Atarfe y a los propietarios de los inmuebles de la urbanización.

También advirtió de que se puede dar la paradoja de que, si finalmente se confirma la absolución los 1.200 millones de euros que reclaman los afectados, la mayoría ingleses que compraron viviendas, al final tenga que pagarlos la Administración, en concreto el Ayuntamiento, y ha comentado que actualmente la zona reservada se ha convertido en un erial con una "urbanización fantasma".

Castresana comentó que estos hechos son uno de los casos paradigmático de abusos urbanísticos conocidos en las dos ultimas décadas y puso los ejemplos de casos como el de Malaya, en Marbella, y Lezo, en Madrid, pero señaló que en Atarfe aún no se ha producido una reparación.

Según mantiene la acusación, la causa se remonta a 2005 cuando los acusados levantaron una urbanización de más de mil viviendas y un campo de golf en una zona calificada de máxima protección urbanística y excepcional valor medioambiental, la misma que el Generalife. Añadió que, en concreto, construyeron edificios de nueve pisos, un total de más de mil viviendas, cuando el máximo autorizado eran 150 chalés de dos alturas.

Carlos Castresana explicó que en la actualidad el complejo se encuentra en una situación de completo abandono y se vendió -sin los servicios básicos de agua, luz y saneamiento en su mayoría- a ciudadanos británicos jubilados que nunca han podido ocuparlo, a los que se prometió que estaba entre la sierra y la playa, cuando en realidad las mismas distan 50 y 100 kilómetros respectivamente.