No ha hecho falta una comisión de investigación, tal y como solicitó Antonio Granados hace unos días al destapar supuestas irregularidades en la adquisición de VPO de Emuvyssa por parte de dirigentes socialistas. Al Ayuntamiento le ha bastado una "aclaración inmediata" para dar por zanjado el tema y, a la vez, dejar sólo ante el peligro a su compañero de partido en la Diputación Provincial de Granada.

El portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento, Juan Antonio Mérida, explicó ayer que las viviendas de la polémica se incluían dentro de una promoción de Emuvyssa de viviendas libres, "con el precio que en aquel momento correspondía" y, como consecuencia de esto, "no hay ningún problema".

El portavoz municipal, que no quiso entrar en el procedimiento de la Empresa Municipal de Suelo en la época socialista, apuntó que era una práctica más de la empresa municipal construir viviendas abiertas a todo el mercado con una serie de prevenciones a favor de Emuvyssa durante un plazo de tiempo "que es lo que en principio llama la atención", pero, al parecer era una práctica normal, "por lo que nosotros -el Ayuntamiento- damos por zanjado el tema".

Mérida no quiso implicarse más en el asunto y manifestó que si existieran irregularidades a otros niveles que se realicen las tareas que correspondan, "pero, por nuestra parte, en una acción de absoluta diligencia no tenemos nada más que decir".

Las palabras que, en un principio, pudieron sonar a la rectificación solicitada por la Consejera de Justicia, María José López, se quedaron en palabras y no fueron más allá. "Esta es la expresión del equipo de Gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento del que yo soy portavoz".

Las declaraciones del Ayuntamiento de la capital dejan ahora la pelota en el tejado del Partido Popular en la Diputación y, especialmente, en una situación comprometida a su portavoz Antonio Granados. Este último solicitó "una comisión que investigara las adjudicaciones de las viviendas de protección oficial realizadas en los últimos 20 años por Visogsa". Una investigación que hizo extensiva a Emuvyssa y en la que veladamente ponía el acceso a las viviendas de dirigentes socialistas como la eurodiputada Francisca Pleguezuelos y la consejera de Justicia, María José López.