Las centralitas de los sindicatos de enseñanza de Granada y de la propia Consejería de Educación estaban ayer saturadas de llamadas de miles de maestros intranquilos ante la posibilidad de que la convocatoria de oposiciones docentes para este año sea recurrida por el Gobierno central.

La alarma estalló el pasado 29 de abril, cuando la Abogacía del Estado demandó ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el decreto que regulaba la oferta de empleo público para dicha comunidad. La razón esgrimida: "el número de plazas convocadas para el cuerpo de maestros es excesivo y contraviene el límite establecido por la Ley de Presupuestos del Estado que fija un tope del 30% de la tasa de reposición de efectivos".

En total son siete las comunidades que han rebasado el tope de plazas impuesto por el Gobierno como medida anticrisis y, a día de ayer, la mitad ya habían recibido la misma notificación del Ministerio de Economía (además de Castilla y León, Cataluña y Navarra). Así que todo apunta a que las otras cuatro comunidades (Andalucía, Aragón, Baleares y Extremadura) serán recurridas también en breve.

En Andalucía, la oferta que lanzó la Consejería de Educación es de 3.796 plazas, la más amplia del país, con la que casi se podría cubrir el 100% de las jubilaciones de funcionarios generadas entre 2010 y 2011. El Gobierno andaluz se saltó la recomendación de la Administración central apelando al retraso histórico que tiene esta comunidad en materia de Educación (a la cola de España). Si hubiera aceptado el límite impuesto por Economía, no habría podido ofertar más de 1.200 plazas, pero no contaba con la presión que iba a ejercer el Gobierno.

La Consejería de Educación ha optado por esperar a recibir la notificación para anunciar los pasos a dar. El sindicato CSI.F recuerda que "en Andalucía se ha tratado además de compensar la baja tasa de reposición de otros sectores públicos, como es el caso de Salud, donde no ha llegado al 5%, con la convocatoria docente".

Aunque todas las agrupaciones sindicales coinciden en señalar que si se presenta un recurso contra la oferta andaluza y se pide la suspensión cautelar, se generará un desasosiego enorme entre los aspirantes. "La mayoría de los opositores llevan años preparándose estos exámenes, invirtiendo un dineral en academias y apuntes y dedicando todo el tiempo que pueden al estudio porque es una inversión de futuro", recuerda Diego Molina, de CCOO, que ha anunciado movilizaciones en caso de confirmarse el recurso en Andalucía.