Morales pide amparo al TC por la condena por injurias a la Policía Local

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada Manuel Morales ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para que se reconozca que la condena que se le impuso por injuriar a la Policía Local de Granada vulnera su derecho a la libertad de expresión y a participar en los asuntos públicos, así como su derecho a la presunción de inocencia.

Morales fue condenado a pagar una multa de 1.440 euros por decir "tener la certeza de que existía en la Policía Local de Granada un grupo de agentes, la mayoría de ellos jóvenes, que estaban actuando de forma xenófoba, racista y con métodos dictatoriales para los ciudadanos".

En su recurso, al que ha tenido acceso Granada Hoy, el concejal alega que aquellas manifestaciones fueron realizadas en el marco "de un debate público", al tiempo que sostiene que "en ningún momento tenía la pretensión de exponer públicamente datos objetivos o hechos concretos y contrastados sobre la actuación de la Policía Local de Granada".

Fue el Juzgado de lo Penal número 1 el órgano que condenó al edil como autor de un delito de injurias graves con publicidad. La sentencia del juzgado, emitida en junio del año pasado, fue luego ratificada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada en otra resolución dictada a finales de año. Es por ello, que el concejal dirige su recurso -sobre cuya admisión o no habrá de pronunciarse ahora el Alto Tribunal- contra ambas resoluciones, considerando que procede su "libre absolución".

Morales inscribe las controvertidas palabras que dirigió contra la Policía Local "en el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones" que tienen todos los españoles, o bien "en el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión", ambos recogidos en la Carta Magna.

El edil, que además ha solicitado que se suspenda la ejecución de la sentencia mientras se resuelve su recurso, recuerda que las frases de la polémica se referían a un "grupo reducido de agentes" y fueron pronunciadas en una rueda de prensa en el Consistorio los días 28 y 29 de junio, con el fin de "realizar una crítica política ante la pasividad del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada". Lo que se pidió -aclara- es "la constitución de una comisión de investigación con el objetivo de esclarecer los hechos, dar una solución política al problema y depurar responsabilidades". Y todo ello, según añade, "siempre en el terreno político".