Acababa de incorporarse tras una baja laboral el día que juzgó a José Campoy y nadie le advirtió de que estaba en situación de prisión provisional. Además, su nombre no figuraba en el libro de registro de encarcelados del juzgado. Tampoco el expediente de su caso portaba la carátula roja de 'causa con preso'. Con estos tres argumentos encabezó ayer su declaración exculpatoria en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la que fuera juez de lo Penal 1 de Motril, Adelina Entrena, expulsada de la carrera judicial por no liberar al citado recluso tras absolverlo de un robo con violencia.

"No fue un error mío", subrayó con vehemencia varias veces la juez durante la primera sesión del juicio que se celebra contra ella en el Palacio de la Real Chancillería de Granada. Según su versión, el hecho de que José Campoy no saliera del Centro Penitenciario de Albolote hasta más de un año después de su absolución no se debió ni a un descuido ni a un olvido suyo. "Si yo hubiera actuado de forma negligente no tendría palabras de perdón ni podría dormir por las noches", apostilló la magistrada desde el banquillo de los acusados, recalcando que "nadie" contactó con ella para advertirle de que seguía encarcelado.

Adelina Entrena admitió que el día del juicio a José Campoy, el 23 de diciembre de 2005, se percató de que éste compareció esposado y custodiado por la Guardia Civil, pero pensó que "estaba preso por alguna de las otras ejecutorias que tenía". Y es que Campoy era, según comentó, uno de los "delincuentes de la casa", esto es, conocido ya en el juzgado por hechos anteriores.

A preguntas del fiscal, la juez explicó que la orden de búsqueda y detención de Campoy, así como su ingreso en prisión, fue dictada por el juez sustituto que se hizo cargo del juzgado mientras ella estuvo de baja. Aclaró que tras regresar de la misma, cinco o seis días antes del juicio a José Campoy, consultó el libro de presos, "del que se encarga la secretaria del juzgado" y donde éste no aparecía. También consultó una desaparecida "libretilla" suya con anotaciones sobre los encarcelados donde tampoco constaba.

El interrogatorio de la juez se volvió más tenso cuando le tocó el turno de intervención al abogado de José Campoy, que ejerce la acusación particular en la causa, el afamado letrado Marcos García- Montes. De hecho, el presidente de la sala y del Alto Tribunal andaluz, Augusto Méndez de Lugo, tuvo que intervenir varias veces para que las preguntas y respuestas de uno y otro no se atropellaran.

El fiscal pide para Adelina Entrena un año y tres meses de inhabilitación por un delito contra los derechos fundamentales por prolongar por una imprudencia grave la prisión de Campoy, a quien solicita que indemnice con 75.230 euros.

Mucho mayor es la indemnización que reclama la acusación particular, que reclama 350.200 euros por los más de 400 días que José Campoy pasó indebidamente entre rejas. Junto a ello, pide una pena de 8 años de inhabilitación para la magistrada.

Además, el abogado de José Campoy anunció que emprenderá "acciones judiciales" contra el fiscal que siguió el caso y la secretaria del Juzgado de lo Penal número 1 de Motril. Fue a raíz de las declaraciones tanto del representante del Ministerio Fiscal como de la secretaria judicial, ambos en calidad de testigos, cuando García-Montes indicó que va a iniciar acciones judiciales por la gravedad de los hechos, si bien el presidente de la Sala, que lo es a su vez del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, le recordó que en la causa la única acusada es la juez.

El abogado defensor de Entrena, el conocido abogado granadino Antonio Tastet, solicita la libre absolución, aunque plantea alternativamente 6 meses de suspensión por imprudencia leve en caso de que se acabe considerando a la juez merecedora de algún reproche penal. El abogado del Estado por su parte niega la responsabilidad civil subsidiaria del mismo.

De momento, el 'caso Campoy' ha costado a Adelina Entrena su profesión y una enorme depresión. De hecho, se encuentra en tratamiento psiquiátrico. "Me han hecho mucho daño" se lamentó la mujer, que concluyó su intervención lanzando una crítica al tratamiento que los medios de comunicación le han dado. "Contra mí ha habido un juicio paralelo en la prensa. Ha salido publicado mi nombre, mi apellido, mi casa, mi teléfono, el instituto de mis hijos... Creo que cualquier delincuente recibe mejor trato que yo, una juez con 18 años de carrera".