El Ayuntamiento de Granada ha celebrado este jueves comisión extraordinaria de Economía para la presentación del documento de presupuestos que ha remitido al Ministerio de Hacienda para su visto bueno previo a continuar con la tramitación ordinaria de las cuentas de 2024. Un trámite obligado y vinculante por el Plan de Ajuste y del que todavía no han recibido respuesta.

En esta comisión se han conocido más detalles de la documentación y han aflorado algunas medidas que tomará el equipo de Gobierno para 2024 que tienen su repercusión en el presupuesto en el capítulo de ingresos y en el de gastos.

Al ya informado plan para aumentar la recaudación del IBI mediante la revisión de 6.200 expedientes de inmuebles que no lo han presentado o han sufrido alguna modificación (un plan que se ha detallado que durará 4 meses y comenzará en enero para recaudar hasta 5 millones de euros); el aumento de la zona azul (ORA) en 1.560 plazas (aún por definir a la espera del consenso vecinal) o el incremento de la recaudación de la tasa de terrazas con una mayor labor de inspección; se han conocido nuevas medidas que llegarán en 2024 y que afectarán al bolsillo de los granadinos y condicionarán también las cuentas municipales para el año que viene. 

Aumento del precio del autobús

Una de las que más se hablará junto a las anteriores es la subida del precio del transporte público, de los autobuses. La concejal de Economía, Rosario Pallarés, ha confirmado que se plantea una subida de los precios para 2024. Un aumento de ingresos por parte de este servicio que ha aclarado que no será para el Ayuntamiento sino para la empresa concesionaria pero que afectará a las cuentas porque eso hará que la factura que paga el Consistorio por la prestación del mismo baje al subir ingresos la empresa. 

El portavoz del equipo de Gobierno, Jorge Saavedra, ha explicado después a este periódico que se está trabajando en este incremento para aplicar en 2024, aunque no hay fecha aún para su entrada en vigor, y que el objetivo es "que se prime el uso habitual del transporte público y se penalice el uso esporádico, el billete sencillo, que suele ser más utilizado por turistas y visitantes". Así, la intención será "cuidar al usuario habitual, al granadino, que utiliza más los bonos". 

Con esa subida de precios, que se ha apresurado a criticar el PSOE tras conocerse, y el nuevo contrato, que esperan que esté para 2024 aunque en las últimas comisiones se informó que no estaría hasta final del año que viene, han calculado una reducción del gasto en la aportación municipal al transporte público que se ha traducido en el presupuesto en 5 millones menos, algo de lo que ha advertido también el interventor pero que Pallarés ha justificado con esas dos medidas. 

Cambios en Policía y Bomberos para reducir las horas extra

En la documentación del presupuesto también se ha alertado por parte del interventor, y lo han recogido igualmente los grupos PSOE y Vox en la comisión, sobre la partida de horas extra de Policía Local y Bomberos, insuficiente si se tiene en cuenta lo que al final de año se paga por estas horas extraordinarias del servicio de los agentes. La partida recoge 250.000 euros, algo que se considera insuficiente por oposición y por el interventor en ese informe. Pallarés ha razonado también la decisión de contemplar esa cantidad y ha explicado que "tenemos que ser conscientes de que si incluimos ya 1 o 2 millones convertimos esas horas extra en un complemento más de la nómina y eso no es". Por eso ha informado de que trabajan para corregir esa "habitualidad" y ha adelantado que desde Recursos Humanos trabajan ya "para modificar la estructura de turnos" para reducir las horas extra. Si al final se queda corta la partida, se abonarán con correcciones al presupuesto, "pero desde el inicio no nos planteamos pagar esa barbaridad en horas extra y vamos a trabajar para reducirlas".

IBI de los colegios concertados

La concejal de Economía ha explicado también la intención del equipo de Gobierno de reclamar al Estado el abono correspondiente a la compensación por los centros concertados. Pallarés ha afeado al PSOE que desde 2021 no se haya reclamado (el Ayuntamiento tiene que pedirlo) y se hayan dejado de ingresar 800.000 euros anuales, por lo que ahora se pedirá con carácter retroactivo 2021, 2022, 2023 y se pedirá también el de 2024. "No se han exigido esos 800.000 euros y vamos a recuperarlos. No entiendo por qué se han dejado pasar antes", ha dicho. En total, 3,2 millones de euros que se sumarán a lo recaudado por IBI ordinario y al Plan Especial para regularizar más de 6.000 expedientes (con el que esperan sumar hasta 5 millones de 3.100 expedientes que había sin tramitar y otros 3.100 que aflorarán con deficiencias), lo que ha llevado a Economía a calcular un aumento exponencial en la recaudación del IBI para 2024.

Pasos del presupuesto

Pallarés ha explicado que el expediente de presupuesto aún es provisional a la espera de que se reciba la respuesta de Hacienda, que puede dar el visto bueno al documento completo, algo que ve una "utopía" o puede obligar a cambios que hagan cambiar algunas partidas. Mientras, están trabajando en las bases de ejecución, que no era obligatorio remitirlas. Cuando esté ya el informe de Hacienda se abrirá el plazo de alegaciones y comenzará la tramitación ordinaria. 

La concejal ha insistido en la dificultad para elaborar el presupuesto con unos ingresos previsibles reales. "No quiere decir que no nos vaya a corregir el Ministerio", excusa Pallarés, que destaca la intención de recaudar lo máximo posible con el IBI y la subida del 5,1% en la participación de los ingresos del Estado, incluida en las cuentas sin tener aún la comunicación oficial del Ministerio. Lo que no se ha incluido es la liquidación definitiva de 2022, que no se sabe de cuánto será, por lo que se tendrá en cuenta cuando llegue. Por ese motivo se ha justificado también que haya partidas con 1 euro simbólico que luego aumentarán con esos ingresos.

La oposición critica las cuentas

En su turno de palabra, los dos partidos de la oposición han planteado críticas al presupuesto y a las decisiones políticas del equipo de Gobierno. Desde el PSOE, la edil Raquel Ruz se ha centrado en el informe del interventor para criticar que falten 5 millones en las subvenciones al transporte público (un problema arrastrado desde el contrato "leonino" de la LAC que ha obligado a pagar ya 12 millones en pagos anuales y sentencias por las liquidaciones); que las horas extra de Policía y Bomberos sigan siendo "inasumibles" y que el dinero reservado no tenga soporte real; que se vaya a aumentar en 1.560 las plazas de zona azul sin decir aún dónde y cómo o que no se justifique en el informe el aumento casi el doble en la recaudación por terrazas cuando "Granada tiene un problema gordo por el perjuicio a los vecinos". También ha criticado Ruz la subida del 10% de los precios de los servicios deportivos, que va este viernes a Junta de Gobierno Local tras justificarse que no suben desde 2014. La concejal socialista ha asegurado que se trata de un presupuesto "no creíble, cuadrado con martillo". 

Desde Vox, la portavoz Beatriz Sánchez se ha mostrado sorprendida por la falta de presupuesto para soportar las horas extra de policías y bomberos y la subvención al transporte público, dos problemas que vienen de antes y que hacen que "nos veamos avocado a modificaciones presupuestarias" a lo largo del año. También ha calificado de "triunfalismo" que diga que congelan impuestos cuando sube la basura y otras tasas; ha pedido eliminar gasto superfluo y ha lamentado que partidas tan importantes como plan asfáltico, acometidas de alumbrado, ejecuciones subsidiarias, mejoras de plazas o plan de accesibilidad queden con un euro simbólico.