Multas de hasta 18.000 euros para los apartamentos turísticos clandestinos

Ahora sí. Ya no hay que hablar de pisos turísticos alegales, sino de apartamentos clandestinos. La puesta en marcha del Registro de Turismo de Andalucía para las viviendas con fines turísticos ya es una realidad, y a partir de ahora aquellos apartamentos que no hayan salido a la luz y permanezcan en la economía sumergida, ofreciendo servicios turísticos sin haber presentado su declaración responsable y haber formalizado su inscripción en el 'catálogo' de la Junta de Andalucía se considerarán oferta ilegal. Esto conlleva, según el propio texto del decreto, una infracción grave, que podrá ser sancionada con multas de entre 2.001 y 18.000 euros. El régimen sancionador al que se enfrentan las viviendas de uso turístico -registradas o no- es todavía más amplio, y aquellos que comentan infracciones muy graves se enfrentarán a multas que llegan a los 150.000 euros.

Con todo, el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, aseguró ayer que la vocación del decreto no es "sancionadora", sino regularizadora, y que la idea es dar un margen de maniobra a los propietarios -más allá de los tres meses con los que han contado desde que entró en vigor la normativa- para que afloren sus viviendas y se incorporen a la oferta turística reglada. Consciente de que se trata de un proceso "lento" y de que los dueños de vivienda que hasta ahora no han tenido que cumplir con ningún requisito legal tienen sus reservas, el consejero adelantó ayer que el plazo sigue abierto y que tanto su departamento como las delegaciones provinciales seguirán informando y gestionando los registros. Con todo, advirtió a quien no inscriba su alojamiento que la Junta actuará con la inspección, como es su "obligación" como "administración garante de la calidad de los establecimientos".

Fuentes de la Consejería de Turismo indicaron ayer que la idea es ser "flexibles" y ofrecerle a los propietarios un "plazo razonable y de sentido común" para que se adapten a la normativa. "La idea no es sancionar, sino que se inscriban el máximo de viviendas posible para dar más garantías a los turistas", indicaron las mismas fuentes.

De hecho, el propio texto del decreto, que ya ofreció un plazo de tres meses para la presentación de la declaración responsable, apunta que los apartamentos turísticos tendrán el plazo de un año desde la entrada en vigor de la normativa para adaptarse a la docena de requisitos de obligado cumplimiento establecidos por el decreto. Entre ellos se incluyen disponer de licencia de ocupación; contar con habitaciones con ventilación directa y persianas; estar suficientemente amuebladas; contar con aire acondicionado y calefacción; tener disponible un botiquín; ofrecer información turística y disponer de hoja de quejas y reclamaciones; contar con servicio de limpieza y ropa de capa; facilitar a los usuarios un teléfono de contacto e informarles de las normas de uso de las instalaciones.

En Granada, en los tres meses que han pasado desde la puesta en marcha del decreto han presentado declaración responsable 125 viviendas de uso turístico, lo que a todas luces significa que en los próximos meses se incrementará de forma exponencial el número de inscripciones. Así lo evidencia también el elevado número de consultas que han atendido los técnicos de la Delegación Provincial de Turismo: más de 1.200 hasta el mediodía del pasado martes. En el conjunto de la comunidad autónoma, según informó ayer el consejero de Turismo, se han inscrito 3.000 viviendas con fines turísticos y se han registrado más de 15.000 consultas y solicitudes de información.

Aunque todavía no existe información detallada del conjunto de las provincias, Fernández indicó que la mayoría de este tipo de alojamientos se encuentran en núcleos urbanos de la franja litoral de la Costa del Sol, Cádiz y Huelva; y en las ciudades de interior, Sevilla, Granada y Córdoba, principalmente.