El caso Nazarí investiga si los proyectos del empresario Roberto García Arrabal en la parcela deportiva del Campus de la Salud cumplen con la legalidad urbanística y si habría recibido "ayuda" municipal para obtener licencias, aumentar las alturas o cambiar ciertos usos permitidos. Pero el último informe policial entregado a la jueza por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) llama la atención también sobre el origen de los suelos donde el empresario promovió todo este negocio millonario. En el año 2005, el Ayuntamiento de la ciudad cedió la parcela gratuitamente a la Junta con el objetivo de que el entonces llamado Instituto de Fomento de Andalucía (el antiguo IFA, que hoy es la Agencia Idea) urbanizara la zona y promoviera el desarrollo de un equipamiento deportivo en los 31.576 metros cuadrados.

Como hizo con otros terrenos del Campus de la Salud cedidos por la capital, la Agencia Idea inició el proceso de venta a terceros. La parcela deportiva pasó a manos de la empresa de García Arrabal, Inversiones Área Sur, que pagó casi 3,1 millones de euros, según la información aportada por la UDEF en referencia a la escritura de compraventa formalizada el 30 de mayo de 2007.

La ciudad podría revertir la propiedad si el suelo no se destina al uso deportivo estipulado

En esas misma fechas el Ayuntamiento aumentó en 2.000 metros cuadrados la edificabilidad total asignada a esa parcela deportiva recién adquirida por el promotor privado. Pasaba de 9. 472 a 11.472 metros cuadrados de edificación destinada a equipamientos deportivos.

Sobre esta parcela aún aparece en el Registro una anotación de advertencia de carga que es un "pacto de reversión" estipulado cuando la ciudad cedió el suelo. Según esa cláusula, el Ayuntamiento podía pedir la devolución del bien en caso de no cumplirse el uso de equipamiento deportivo para el que estaba destinado y de no ser construida esa instalación por el antiguo IFA en los cinco años siguientes a su cesión, que fue formalizada en 2005. Además, la nota registral añade que se debe mantener el destino de ese equipamiento durante 30 años.

De hecho, el Ayuntamiento de Granada emprendió hace varios años el proceso de reversión con otras parcelas cedidas al IFA en el Campus, que tenían un uso comercial. El tema ha dado lugar a un contencioso judicial, pero el suelo que compró García Arrabal se quedó fuera de esa reclamación.

Uno de los aspectos que precisamente se investiga en el llamado Expediente Campus del caso Nazarí es si las construcciones allí desarrolladas y las que se proyectaron y tramitaron se pueden considerar como equipamientos de uso deportivo y si incumplen la legalidad urbanística vigente.

En esos más de 31.000 metros cuadrados que adquirió García Arrabal se han materializado e iniciado varios proyectos en varias fases. Actualmente hay un club de pádel privado y un edificio de la Universidad de Granada dedicado a la investigación deportiva. Y esto es porque el promotor revendió a la institución docente en 2011 una parte de la parcela (1.581 metros cuadrados) y los derechos edificatorios, incluida una licencia de obras concedida días antes de la transmisión.

El precio de esta operación no aparece en el informe, si bien entre la documentación requisada en los registros a García Arrabal hay una escritura en la que el notario hace constar la entrega de un cheque nominativo a favor del vendedor por valor de 488.800 euros.

Cuando la UGR, con Francisco González Lodeiro como rector, firmó esa compraventa, García Arrabal ya había recorrido un largo camino para la obtención de esa licencia de obras que fue transmitida a la Universidad. En el proceso, constan hasta cinco informes negativos de técnicos del Ayuntamiento, que desaconsejaban permitir el edificio finalmente construido por la UGR (IMUDS), porque superaba la altura permitida y había dudas sobre si se podía computar como uso deportivo. La Policía señala esta instalación como equipamiento docente (ajeno a los usos de esta parcela). Unos días antes de la venta a la UGR, la concejala de Urbanismo y el director de Licencias (ambos investigados en el caso) firmaron la aprobación sin hacer referencia alguna a los informes negativos anteriores, según subraya la UDEF.

Una vez superada esta fase del proyecto, el empresario pretendía agotar toda la edificabilidad de su parcela con otra iniciativa lucrativa, que es la construcción de un edificio que en un principio concibió como residencia de deportistas, luego como geriátrico y finalmente volvió a ser residencia, pero de estudiantes.

En 2013 el propio promotor expuso en un escrito al Ayuntamiento que ya había sido "informado verbalmente sobre la viabilidad de la propuesta" y, por tanto, inició la tramitación formal, que implicaba un controvertido cambio de uso de la parcela y la construcción de una planta más de lo permitido en la zona. Esto último se solventó en 2015 con un estudio de detalle aprobado por el Gobierno local.

Como queda de manifiesto en la numerosa documentación incautada, el encaje de usos de esa residencia era un problema. Unos técnicos de Urbanismo firman informes negativos y otros se comprometían en privado a "resolverlo". Esto se refleja en los correos electrónicos intercambiados entre García Arrabal y el arquitecto del proyecto, que le informa de sus gestiones con el Ayuntamiento.

El empresario consigue firmar un acuerdo de colaboración con la Universidad de Granada para albergar allí a sus estudiantes y lo exhibe en Urbanismo como aval para que se le permita hacer el edificio. Hay un informe técnico que la Policía pone de relieve, en el que se vuelve a rechazar la propuesta e, incluso, la funcionaria sugiere que el convenio sea revisado por la Asesoría Jurídica, pues se habla en él del "desarrollo de un uso no autorizable".

Pero el convenio siguió en vigor y fue constatado después por dos adendas, la última de ellas firmada en noviembre de 2015 por la nueva rectora de la Universidad, Pilar Aranda. Cuando, unos meses después, se hicieron las detenciones y los registros de la Operación Nazarí todo quedó paralizado.