Los cortes de luz en la zona Norte de la capital, el incremento del números de desahucios por impago de alquileres, además de las cuestiones de convivencia vecinal y de atención sanitaria son los principales problemas que afectan a la ciudad, según el Informe Anual del Defensor de la Ciudadanía de Granada que ayer presentó su responsable, Manuel Martín García. La oficina registró el año pasado un incremento de demandas de los granadinos de un 108%, que en datos globales la ha hecho pasar de atender 5.239 casos en 2016 a 19.897 en 2017. Estas cifras les han permitido obtener una radiografía "mejor de las necesidades de los ciudadanos de Granada", según Martín, que recordó que "el deber de los poderes públicos es liderar alternativas y soluciones a las inquietudes y quejas planteadas por los ciudadanos".

El Defensor detectó durante el año 2017 que el problema más grave que afecta a la capital es la vulneración de los derechos de los habitantes de la zona Norte debido a los cortes de luz, una situación que, tilda, "va de mal en peor". Las quejas que ha recibido el colectivo se incrementan por tercer año consecutivo, pasando de suponer un 12% del total de las demandas en 2015 a un 15% durante el último ejercicio. El informe destaca que esos cortes cada vez afectan a más personas que pagan sus facturas e impuestos, pero que no reciben el servicio eléctrico en sus hogares e incluso en la calle, donde muchos vecinos salen con velas para poder alumbrar, como contó Martín.

El informe sitúa como segunda preocupación las consecuencias de la crisis económica

Ante este problema, el Defensor propone, al igual que hizo en 2016, que las instituciones actúen con urgencia. De un lado, que la Junta de Andalucía elabore un dossier que revele las causas que originan esos cortes de suministro, e informe sobre las medidas que han tomado o que plantearán para que no se repita la situación. También buscará que Endesa esclarezca por qué se producen estos cortes, especialmente sensibles en invierno, que entregue un listado completo de las reclamaciones recibidas y si ha procedido a indemnizar a las personas afectadas.

El Defensor también pone el foco en las secuelas de la crisis económica, que si bien "no son tan graves como en el periodo 2008-2014", siguen afectando a los ciudadanos y suponen el 12% de las quejas recibidas. El principal problema en este asunto es que se han producido 12 desahucios más por impagos de alquileres, aunque los datos globales por desalojos en Granada descendieron ligeramente en 2017 (concretamente hubo 19 casos menos). Para el organismo, este conflicto evidencia que la crisis generó una "regresión en derechos sociales" y que tener trabajo no garantiza salir de la pobreza. La institución propone una revisión de las políticas sociales que blinde el estado del bienestar para que no dependa de las variaciones presupuestarias y evitar que las desigualdades vayan en aumento.