Nueva suspensión del juicio a Gerardo Sánchez al renunciar Aibar a su letrado

La situación que ayer se vivió durante el juicio contra ex alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez (PSOE), y contra el propietario de una finca de Castril, Rafael Aibar, por presuntas injurias y calumnias fue, en palabras de algunos espectadores, "surrealista". La vista acabó, de hecho, siendo suspendida de nuevo. Esta vez por las incidencias registradas durante el interrogatorio de Aibar, que dudó de la imparcialidad de la jueza de Penal 2 hasta el punto de plantear ante ella su recusación, si bien finalmente se limitó a renunciar a su abogado.

Nada más comenzar la sesión se produjo la causa del efecto. Todo comenzó en la ronda de cuestiones previas, cuando el abogado defensor de Rafael Aibar, un particular dueño de algunas tierras situadas en el Parque Natural Sierra de Castril, imploró con vehemencia a la jueza que admitiera como prueba una serie de proyectos de la época en la que Sánchez fue delegado provincial de Medio Ambiente, a fin de poder demostrar que su cliente no injurió al político cuando denunció que se habían dejado de invertir millones de euros en aquella zona.

Dicha prueba ya había sido rechazada con anterioridad y, al volver a inadmitirla la jueza por resultar "impertinente", empezaron a calentarse los ánimos. De hecho, el letrado de Aibar formuló protesta de cara a un eventual recurso y la magistrada tuvo que dar un primer toque de atención a Aibar para que sólo hablase cuando corresponde a un acusado: en su declaración inicial y al final de la vista, en su derecho a pronunciar la última palabra.

El enojo de Aibar llegó a su punto álgidocuando le tocó ser interrogado y el fiscal le preguntó acerca de los proyectos inadmitidos como prueba. "Si se me va a preguntar sobre eso, necesito los proyectos para defenderme; aquí están pasando cosas muy raras", dijo airado, al tiempo que pidió la suspensión de la vista. Como Aibar empezó a subir el tono, la jueza volvió a llamarle al orden y le advirtió de que si seguía con esa actitud le imputaría un delito de desacato. El particular entró entonces en razón y, un poco más calmado, insistió en que necesitaba los proyectos para defenderse, al tiempo que comunicó que renunciaba a su abogado.

La magistrada, un tanto perpleja por el rumbo de los acontecimientos, pidió al escaso público -entre el que se encontraban algunos miembros de UPyD de Armilla- que saliera de la sala un par de minutos para que Aibar y su letrado aclarasen el desenlace de su relación profesional. "Esto es inusual, pero que todo el mundo salga de la sala", ordenó su señoría.

Tras una breve pausa, el juicio se reanudó y la jueza indicó a Aibar que si quería renunciar a su letrado, y suspender así el juicio, estaba en su derecho, aunque le advirtió de que con ello no iba a lograr ningún cambio en la admisión de pruebas, dado que "las cuestiones previas ya están resueltas".

"Pues como el abogado me ha dicho que ha hecho todo lo humanamente posible y hasta donde la ley le permite, yo quiero recusar a su señoría", expresó entonces Aibar. Y la jueza le preguntó: "¿Por qué? ¿Porque no le admito una prueba?". La contestación del acusado fue: "creo que hay algún tipo de enemistad contra mí o contra mi abogado".

La jueza le miró entonces con gesto muy serio y zanjó la controversia instando a la secretaria que añadiera en el acta que "a la vista de las manifestaciones del acusado de no continuar con su defensa, se le requiere para que designe en el plazo de 5 días un nuevo letrado". Y acordó la suspensión.

De este modo, habrá que esperar a que Aibar encuentre un nuevo letrado y a que el juzgado vuelva a señalar la vista, que ya había sido suspendida el pasado 18 de julio por la incomparecencia de tres testigos.

A lo que sí dio tiempo ayer antes de la suspensión fue a que Aibar reconociese que, ciertamente, contó a la prensa en octubre de 2006 que, entre el 6 y el 15 de marzo de ese año, Sánchez y un grupo de directivos de una conocida entidad financiera viajaron al Caribe y que allí estuvieron con "chicas jóvenes". También declaró Gerardo Sánchez, aunque se negó a contestar a las preguntas del abogado de Aibar. Sentado en el mismo banquillo que éste, pero cada uno en un extremo, el ex alcalde de Armilla, que es también parte querellante en el proceso, negó haber llamado "mafioso" a Aibar, así como haber aconsejado a una empresa que no invirtiera en su finca porque era "una estafa".

Se da la circunstancia, como recordó el fiscal -que no acusa al ex alcalde-, que los proyectos que Aibar quería aportar como prueba, fueron la base del caso Castril, denunciado también por aquél y archivado en 2008 por el Juzgado de Instrucción 8, que no apreció delito alguno tras investigar un supuesto desvío de fondos públicos del Parque Natural de Castril siendo Sánchez delegado.

Tras suspenderse el juicio, el ex alcalde Armilla abandonó la sala visiblemente enfadado. "Estoy asistiendo a un espectáculo que es una burla a la justicia", manifestó al tiempo que consideró que "la única motivación que hay detrás de esto es política", y recordó que existe un "conflicto político" en Armilla con un grupo (UPyD) que apoya al actual alcalde del PP, justificándose en su imputación en este juicio, que se debía de haber celebrado ya hace un año.