Nuevo golpe al patrimonio local con la venta del Palacio de Santa Inés

La ciudad ha perdido un edificio patrimonial: la casa Palacio de Santa Inés, situada en el barrio histórico del Albaicín. Se trata de una de las tres propiedades municipales sobre las que la propia Unesco ya advirtió en 2008 al Ayuntamiento de su necesidad de protección y conservación junto a la Casa Ágreda y la de San Matías 11. Ahora ha pasado a manos privadas por 754.489,89 euros (a los 845.690 del precio inicial se ha sumado el IPC y se ha restado el 70% de las cuotas de renta abonadas en este tiempo, a beneficio de la empresa para tener un menor precio de venta).

Según denunció ayer la concejal de Vamos, Granada Marta Gutiérrez, la junta de gobierno local del pasado viernes aprobó la aceptación de la opción a compra del edificio ejercida por la empresa que ahora lo tiene en alquiler. Lo hace en virtud de un contrato firmado en 2013 con el anterior equipo de Gobierno del PP, que le permitió el alquiler con opción a compra en 5 años, que se tenía que ejecutar antes de cuatro años. Y es lo que han hecho, ejercitar ese derecho a compra, que ha autorizado el actual equipo de Gobierno del PSOE sobre un inmueble adquirido en los años 70 por el Ayuntamiento.

Para Gutiérrez, esta decisión es una pérdida importante para la ciudad pues pierde patrimonio histórico, algo que no se puede permitir. De esos tres inmuebles citados por la Unesco, el de San Matías se intentó su alquiler durante 20 años pero se paralizó; la casa Ágreda se sometió también a operación de venta, ahora paralizada; y esta tercera ha sido ya aprobada. Ahora ocupa el inmueble un museo del Palacio de los Olvidados.

"El Ayuntamiento no puede seguir perdiendo patrimonio y mucho menos histórico", dijo Gutiérrez, que solicitó al equipo de Gobierno del PSOE que haga todo lo posible por revertir la operación.

En su día el acuerdo firmado entre el Ayuntamiento y la empresa en 2013 "decía que el edificio no cumplía las características para uso de equipamiento y que se vendía para obtener mayores rendimientos económicos. Sin embargo, el Plan Especial del Albaicín lo clasifica como equipamiento comunitario colectivo. El edificio cumplía todas las condiciones para ser utilizado como equipamiento y de hecho sigue habiendo necesidades de este tipo en el barrio", denuncia Gutiérrez.

Para Gutiérrez es cierto que este contrato lo inició el PP y que ahora esta operación se realiza para cumplirlo, "pero se tiene que hacer lo posible para revertirlo", dice, advirtiendo de que ya su grupo llevó una moción a pleno para que no se perdiera y que no fue apoyada por PP ni PSOE. "Entendemos que la política patrimonial tiene que cambiar. No se puede seguir con lo que planteó el PP", aseguró la concejal, que denunció que si actualmente tiene un uso de atención al público como museo es porque sí cumple las condiciones para "ser utilizado como equipamiento público". "No había argumentos para enajenarlo y sí para revertirlo para que no sea irreversible", aseguró pidiendo que el Ayuntamiento estudie la reversión de compra.

Ante esta denuncia, el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, explicó a este periódico que la decisión se toma por este equipo de Gobierno en base a un contrato firmado por el PP que ahora no habría forma de revertir sin perjuicio para el Consistorio. Y es que la empresa que lo alquiló ha satisfecho todos los pagos este tiempo y ha ejercido su derecho reconocido por contrato, por lo que no hay decisión que pueda tomar un técnico que avale la reversión sin efectos de dicha medida. "Nos podrían demandar por incumplimiento de contrato de no hacerlo y exigir daños y perjuicios en un contencioso", explicó Fernández Madrid. Además, si el Ayuntamiento asumiera la reversión tendría que abonar las cantidades pagadas por la empresa con la situación económica actual, lo que obligaría a eliminar ese gasto de otra partida, por lo que pidió a Gutiérrez que no haga "populismo barato" ya que no sólo tiene que advertir de ese hecho sino "sopesar si es viable o no" hacer la reversión que pide.

El concejal dijo que la aprobación en junta de Gobierno ha sido en cumplimiento de ese contrato firmado por el PP, ya que su partido no hubiera permitido dicha posibilidad desde el principio. Y recordó el caso de la Casa Ágreda, a la que intentaron levantar la concesión que también había hecho el PP a una ONG para su uso revirtiendo su propiedad a la ciudad, un tema que está todavía en los tribunales a falta de decisión final un año y medio después. En este caso, el PSOE sí denunció que la ciudad no podía perder patrimonio en esa operación y luchó por revertir el proceso. Fernández aclaró ayer que en Casa Ágreda sí se pudo hacer justificando incumplimiento de contrato por parte de la concesionaria, algo que en Santa Inés no sucede.