Granada

Nuevo palo de dos millones por una sentencia del TSJA favorable a Rober

  • El Alto Tribunal reconoce a la adjudicataria el cobro tras presentar recurso de apelación

  • La cifra podría subir a 8 si se repite el fallo

Autobuses en Gran Vía. Autobuses en Gran Vía.

Autobuses en Gran Vía. / g. h.

Cada año el Ayuntamiento de Granada y Transportes Rober realizan una liquidación de los costes del servicio de transporte. Una operación en la que, según indicó ayer el portavoz de Izquierda Unida, Francisco Puentedura, la adjudicataria del transporte público de Granada reclama una serie de costes referentes al personal o al precio del combustible que el Ayuntamiento rechaza pagar al atender que éstos corren a cargo del contratante. Ante esta situación cada año desde la puesta en marcha de la LAC (llevada a cabo durante el mandato del Partido Popular) se genera una disputa jurídica por la que Rober reclama el dinero. "La entrada de la LAC supuso un aumento de los costes que Rober exige cobrar y el Ayuntamiento no reconoce", indica el portavoz que detalla que existen cinco reclamaciones de la adjudicataria referentes de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 y la de este año 2018. En esos cinco juicios el Ayuntamiento siempre ha salido airoso. Sin embargo, el pasado mes de julio, por primera vez, la capital se llevó un palo.

El Tribunal Superior de Justicia ha estimado el recurso de apelación interpuesto por Transportes Rober contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Granada que ha sido revocada y dejada sin efecto por "no ser ajustada a derecho" y, en consecuencia, se estima el recurso contra el acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 13 de marzo de 2015 declarando el derecho a la citada entidad concesionaria a percibir la cantidad de 1.907.316 euros". Esta cantidad resulta, según el TSJA de la diferencia entre la liquidación del ejercicio de 2014 (4.617.369 euros) y la reconocida por la capital de 2.710.053.

El portavoz de IU remarcó que se trata de una primera sentencia desfavorable para el Ayuntamiento pero recordó que hay otros cuatro pendientes de apelación. "Si este procedimiento sienta jurisprudencia al final puede suponer hasta ocho millones" afirmó Puentedura quien remarcó que esta situación está provocada por la incapacidad de "este equipo de Gobierno a negociar con Rober lo que se suma una reordenación de 2014 y condiciones económicas que han sido una ruina para el Ayuntamiento".

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